Aún con la determinación de un juez federal que evitó por el momento el fin del Titulo 42, ahora Joe Biden enfrenta otro dolor de cabeza, pues el fiscal General de Texas, Ken Paxton, inició la undécima querella judicial
sobre inmigración contra el gobierno del presidente, esta vez contra unos nuevos procedimientos para solicitantes de asilo que aún no están vigentes.
El fiscal alega que las nuevas normas, que entrarán en vigencia el próximo 31 de mayo, “cambian fundamental e ilegalmente los procedimientos de asilo y libertad provisional en la frontera”, según un comunicado.
Paxton y el gobernador de Texas, Greg Abbott, que está enviado autobuses al Capitolio en Washington con
inmigrantes que llegan al estado como forma de protesta, han liderado la lucha de los estados republicanos contra las políticas migratorias de Biden.
Las normas que ha instituido el gobierno de Biden, agregó el fiscal, “exacerban las brechas en el proceso de deportación de los extranjeros ilegales, priorizan una supuesta eficiencia por sobre la seguridad nacional e impacta de forma costosa a Texas”.
“No satisfecho con haber dejado en libertad a más de 836.225 extranjeros ilegales en Estados Unidos en 15 meses, el 29 de marzo los demandados promulgaron una regla interina que libera aún más extranjeros ilegales dentro de nuestro país”, afirma la demanda.
Aclaró que ello sin “sin contar a los extranjeros menores de edad liberados por otro lado y a los extranjeros que han evadido la captura”.
La norma a la cual se refiere debe entrar en vigencia el 31 de mayo y estipula los procedimientos que han de cumplir los funcionarios de frontera para considerar los casos de extranjeros que llegan solicitando asilo.
Esta política, asimismo, incluye las directrices para dejar en suspenso la deportación de esas personas mientras esperan la resolución de sus casos.
Según la demanda iniciada por Paxton, esa norma viola la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Inmigración y una cláusula en el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos.
La querella, contenida en un documento de 21 páginas y presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas, nombra como demandados a Biden, al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a los directores del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), entre otros (Agencias).
