El Congreso de los Estados Unidos analiza la solicitud de presupuesto del presidente Biden para el año fiscal 2023 que incluye 141,6 millones de dólares de asistencia bilateral a México dentro del acuerdo Marco Bicentenario, sin embargo, el Congreso prohíbe que cualquier fondo de Estados Unidos apoye la participación de las fuerzas armadas mexicanas en la seguridad pública de México indica un análisis para el Congreso sobre la cooperación bilateral en seguridad. El documento señala que los elevados índices de violencia en México relacionados con el crimen organizado y las muertes por sobredosis en Estados Unidos, conducen a cuestionar la eficacia de la cooperación sobre seguridad entre los dos países.
El análisis para el Congreso “Cooperación sobre Seguridad entre México y Estados Unidos: desde la Iniciativa Mérida al Marco Bicentenario” del 12 de diciembre, hace una revisión de la relación bilateral, alaba los alcances de la Iniciativa Mérida para luego asumir una postura crítica sobre la política de seguridad aplicada en el sexenio del presidente López Obrador. Uno de esos señalamientos establece que el presidente mexicano goza de un elevado índice de aprobación “a pesar de que su gobierno no ha podido disminuir la violencia criminal” en México; y como nota introductoria afirma que “los elevados niveles de violencia relacionados con el crimen organizado en México y las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos han llevado a algunos miembros del Congreso de este país a cuestionar la eficacia de la cooperación sobre seguridad entre Estados Unidos y México”. Y luego entra al tema de los homicidios donde apunta a los niveles récord entre 2016 a 2019, luego se registra un repunte en 2021 y después se mantiene un nivel elevado en 2022. A esto, se agrega que desde 2019, México reemplazó a China como la principal fuente del fentanilo que entra a Estados Unidos pues representó el 66% de las casi 108 mil sobredosis de esta sustancia en el mercado estadounidense.
Entre 2018-2021 señala el documento, las prioridades cambiaron bajo la administración Trump. Las órdenes ejecutivas se enfocaron en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales (TCO) y en la seguridad fronteriza; la migración irregular se convirtió en un objetivo central al tiempo que se enfatizó en la promoción de los derechos humanos. Otras de las prioridades fue la reducción de las drogas sintéticas, atacar su producción, mejorar la interdicción fronteriza, la seguridad en los puertos de entrada y la lucha contra el lavado de dinero.
Las cosas cambiaron cuando López Obrador asumió la presidencia en 2018. El presidente mexicano criticó la Iniciativa Mérida, disminuyó la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos a excepción de la aplicación de las leyes migratorias. En octubre de 2020 el arresto del ex ministro de Defensa Salvador Cienfuegos bajo los cargos de narcotráfico cambió totalmente la cooperación bilateral. El Congreso mexicano promulgó una ley que requiere que los agentes de investigación extranjeros, compartan la información que recopilan con las autoridades mexicanas, a la vez que se exige que los funcionarios locales reporten el contacto con funcionarios extranjeros. El presidente López Obrador cuenta con altos índices de aprobación a pesar de que su gobierno no ha tenido éxito en disminuir la violencia criminal. La estrategia de seguridad de México de febrero de 2019, aborda los factores socioeconómicos que conducen al delito impulsando amplios programas sociales, pero dejó de lado los esfuerzos de prevención del delito, esfuerzos que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) ha respaldado. En campaña, López Obrador atacó la “guerra militar” de México contra las TCO y los grandes capos del narco que llevaron a cabo sus predecesores. Sin embargo, ya en el poder, respaldó reformas constitucionales para permitir que el ejército se encargue de la seguridad pública hasta 2028. Una reforma respaldada por la Suprema Corte de Justicia de México pese a que en el pasado falló en contra de tales políticas. De igual forma, los arrestos de alto perfil y las extradiciones de México iban en aumento en 2020 hasta el arresto de Cienfuegos, después se reanudaron.
El presidente López Obrador reemplazó a la policía federal, misma que recibió equipo y capacitación de Estados Unidos, con la Guardia Nacional (GN) compuesta principalmente de oficiales militares; hay preocupaciones de que ésta no respete los derechos humanos, además de que carece de la capacidad para investigar. En septiembre de 2022, el Congreso mexicano promulgó una reforma constitucional para que la GN se integre a la Secretaría de la Defensa, los expertos en derechos humanos y derechos civiles se opusieron a esta medida al afirmar que las fuerzas militares no son adecuadas para la vigilancia civil. También criticaron al presidente por debilitar las instituciones que combaten a la corrupción y no crear el sistema nacional contra la corrupción que establece la reforma constitucional de 2017. El Congreso de México aprobó la creación de una fiscalía general independiente, sin embargo, la persona en ese puesto es un aliado muy cercano al presidente. Los fiscales generales han investigado, lentamente, algunos casos de corrupción contra funcionarios de gobiernos anteriores, no obstante, han ignorado la mayoría de las acusaciones que involucran a los aliados de López Obrador. Además, expertos internacionales temen que los fiscales pudieron manejar mal el asunto de los 43 desaparecidos de Guerrero en 2014.
Biden, las tensiones con México.
La administración Biden heredó una relación de seguridad tensa con México. Luego del Diálogo de Seguridad de alto nivel en 2021, los gobiernos anunciaron el Marco Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras con tres pilares:
1.- Proteger a las personas invirtiendo en soluciones de salud pública para el consumo de drogas, apoyar la seguridad en las comunidades y reducir los homicidios y otros delitos de alto impacto.
2.- Prevenir la delincuencia transfronteriza disminuyendo el tráfico de armas, atacar las cadenas de suministro ilegales, reducir la trata y el contrabando de personas.
3.- Perseguir a las redes criminales e interrumpir el financiamiento ilícito en ambos países, atacar la importación de precusores químicos y a los productores de drogas sintéticas en México, y a la vez reforzar la seguridad y la justicia.
Muchos observadores señalaron que el Diálogo de alto nivel y el Marco Bicentenario revitalizarían la cooperación bilateral en materia de seguridad. Ambos gobiernos informaron de los avances en una hoja informativa de la Casa Blanca publicada en octubre de 2022, se dieron nuevas iniciativas para combatir el tráfico de armas y los opioides sintéticos, sin embargo, otras líneas de acción como los derechos humanos parecían reciclar programas que ya existían antes bajo la Iniciativa Mérida.
Acciones del Congreso
El Congreso estadounidense, indica el documento, podría influir en el Marco Bicentenario a través de asignaciones, condiciones y la supervisión. Actualmente, el Congreso está considerando la solicitud de presupuesto del presidente Biden para el año fiscal 2023, que incluye 141,6 millones de dólares en asistencia bilateral para México. La solicitud contempla 64 millones de dólares en fondos para el Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la ley; y 75 millones de dólares en Fondos de Apoyo Económico, de esta asistencia el Congreso prohíbe que cualquier fondo de los Estados Unidos apoye la participación de las fuerzas militares mexicanas en la aplicación de la ley. Sin embargo, en este análisis se hace énfasis en la observación sobre los esfuerzos de México para abordar las violaciones graves a los derechos humanos, lo cual refleja una seria preocupación del otro lado de la frontera.
