México ocupa el cuarto lugar entre los países que viven una violencia política calificada como “gravedad extrema”, según un informe de ACLED, organización especializada en analizar datos sobre violencia política. En su informe señala que los “incidentes” que caracterizan esta violencia política son: ataque de turbas contra los partidarios de partidos políticos, asesinatos de autoridades locales, asesinatos estatales y violencia de carteles. Los conflictos son tan severos que son “extremadamente difíciles de resolver, responder y superar”, a la vez, la organización advierte que “un país no puede desarrollarse a partir de la violencia en el corto o mediano plazo”.
ACLED, Proyectos de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, es una organización que recopila y analiza datos sobre la violencia política y las protestas en todo el mundo. En su informe “Índice de gravedad de conflictos. Una nueva medida de las complejidades del conflicto” indica que la violencia política se extendió en 2022 y que es probable que siga proliferando en este 2023. La organización identificó a 46 países y territorios que experimentan niveles severos de violencia, y de éstos, 19 países cumplen con los “niveles extremos de gravedad” entre ellos México. El documento afirma que los conflictos severos son “extremadamente difíciles de resolver, responder y superar”, y las dificultades aumentan en la medida en que la violencia política se incrementa.
A nivel mundial, en 2022 hubo más de 127, 700 eventos de violencia política, pero considerando las cifras de población de 2021, sucede que el 20% de la población mundial (1.7 billones de personas) fueron víctimas de la violencia. Los “incidentes” comprenden: ataques de turbas contra partidarios de partidos políticos y asesinatos de autoridades locales, asesinatos estatales, enfrentamientos insurgentes y violencia de carteles. En 2022, los niveles más intensos de violencia se registraron en: Ucrania con más de 34,400 eventos; Siria más de 10,400; Myanmar más de 9,300; Brasil más de 7,900; México más de 7,100 y Yemen 6,400. En cuanto al mayor número de muertes relacionadas con conflictos fueron Ucrania con más de 28,000 muertes; Myanmar más de 19,000; Nigeria más de 10,600; México más de 7,700 y Yemen más de 6,700. En el caso de México, dice el estudio, “está plagado de un nexo político-criminal de violencia que generó un mayor número de eventos de ataques civiles en 2022, y que carece de una solución política o militar/ de seguridad clara”.
Los indicadores de ACLED
Por “plazos”, ACLED se refiere a todas las muertes por violencia política. En el “peligro”, se evalúa el riesgo directo para los civiles. “Difusión”, es la distribución geográfica de los conflictos; y un recuento de eventos semanal promedio “alto” se define como 1.5 o más eventos por semana (por ejemplo, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato). Y “fragmentación”, es el número de “grupos no estatales violentos organizados” (carteles de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana, etc.). De acuerdo a estos índices, en 2022 México ocupó el cuarto lugar dentro de la categoría de “Gravedad Extrema”, pues reúne en su territorio los cuatro indicadores, después de Colombia (primer lugar) le sigue Haití, luego Malí y en cuarto lugar México. Una parte del análisis de ACLED aborda las probabilidades de alguna mejora, en el caso de México (y esto no es un consuelo para nada) a pesar de que está en la lista de los países con “gravedad extrema”, su puntuación no le alcanza a calificar entre las naciones que van “empeorando” severamente, aunque ya se va encarrilando por ese camino al calificar con un 7% en rojo de alerta.
El conflicto ocurre en muchas formas. En muchos países con niveles de gravedad muy altos, los conflictos ya no son la percepción estándar de un grupo insurgente contra un gobierno. Hoy, la violencia política está cambiando y cada vez se parece más a los “conflictos difusos o fragmentados en México y Myanmar”. Es decir, en muchos espacios violentos, el conflicto es local y se basa en competencias en torno a la política local y regional, es decir por el control.
El aumento de los actores no estatales.
Según los datos de ACLED, los conflictos de grupos armados y organizados no estatales se duplicó desde 2019, e incluyen a más de 3 mil actores. Estos grupos armados no estatales adoptan diferentes formas: grupos rebeldes, milicias, pandillas y turbas; y son responsables del 64% de todas las actividades armadas en 2022 y del 76% de toda la violencia contra civiles. ACLED advierte que “la propagación de actores no estatales … aumenta la fragmentación y dificulta mucho la negociación y el logro de un control efectivo”. Afirma que estos actores son un verdadero peligro porque están muy extendidos, proporcionan mano de obra violenta barata y mantienen la influencia local.
La proliferación de estos grupos armados no estatales, sus luchas internas, sus agendas políticas, se relacionan con la competencia entre las élites políticas y criminales por el control de las oficinas gubernamentales, el territorio y las poblaciones. Su agenda no es reemplazar al gobierno sino utilizar la violencia para competir por las ganancias políticas. “La trayectoria general es que conflictos como el de Colombia, México y Myanmar se vuelvan más comunes”, advierte ACLED.
El aumento de conflictos se produce en países de ingresos medios y democratización.
Los conflictos se adaptan a los contextos políticos y económicos. El aumento más pronunciado de conflictos está ocurriendo en países de ingresos medios o que se están democratizando (el análisis señala que donde hay subdesarrollo o mala gobernanza refuerza la percepción de que los conflictos ocurren en lugares pobres o mal administrados). Y esto apunta a una conclusión importante del documento: “un país no puede desarrollarse a partir de la violencia en el corto o mediano plazo”, el conflicto surge de la competencia por el poder y no hay una solución viable.
“En países como México, Colombia y Filipinas, los gobiernos democráticos e híbridos democráticos/autocráticos a menudo comparten o ceden el control a ambiciones criminales, que a veces se enlazan con motivos políticos para controlar a los titulares de cargos, el territorio y las poblaciones. En este sentido, a veces la competencia por el control la ganan las entidades no estatales (grupos violentos organizados) apoyadas por las élites políticas. La propagación de estos grupos junto con el aumento de la violencia política en los estados de ingresos medios y en proceso de democratización indica que: el conflicto no es una ruptura con la gobernabilidad, sino que es una competencia por la autoridad y el control políticos”. En este sentido cabe preguntar si de verdad en México “vamos bien” y si la cuarta transformación tiene futuro en un contexto de violencia.
