El presidente Joe Biden firmó una nueva orden ejecutiva sobre el control de armas en Estados Unidos, con este instrumento el mandatario pretende endurecer los requisitos de compra y venta de armas, y reforzar la colaboración entre las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia del vecino país a fin de darle un mejor seguimiento y aplicar sanciones a todos los infractores. En la Orden Ejecutiva, el mandatario señala que “sigue pidiendo al Congreso” que apoye las medidas para detener la violencia armada en su país y que mientras su administración hará todo lo posible “dentro de la autoridad existente” es decir, el presidente Biden se va por su cuenta, él solo en un momento crucial donde aumentan los crímenes de odio, la violencia armada y sobre todo, se acerca el año electoral.
La orden ejecutiva fue emitida el martes en Monterey Park, California, comunidad que aún está de luto por el tiroteo en el que fueron asesinadas 11 personas a principios de este año. En vista de que en el Congreso no ha logrado cuajar una política pública lo suficientemente fuerte para aplicarla en todo el país y que cuente con el necesario apoyo bipartidista, el presidente Biden se fue por su cuenta al emitir esta orden ejecutiva con el fin de que entre lo más rápido posible en práctica. El mandatario reconoce que esta acción no está al mismo nivel de lo que pudiera lograrse en el Congreso, pero se arriesgó “solito” a recibir lo que viene por parte de los republicanos.
La orden ejecutiva, si bien no tiene muchos dientes, por lo menos pretende aumentar el número de trámites para comprobar los antecedentes penales de la persona que quiera comprar un arma, así como de los vendedores “de la muerte” como Biden los llamó, a fin de tener mayor información de todos aquellos que han infringido la ley. También contempla la propuesta de aplicar mejores controles para el almacenaje de este tipo de arsenal de manera más seguro, de manera que no sea tan fácil su acceso. La orden ejecutiva instruye a las agencias federales a poner en marcha las leyes conocidas como “bandera roja” que ya están presentes en 19 estados, con estas medidas es posible retirar el arma a una persona considerada peligrosa, así como rastrear las armas que se pierden en el comercio ilegal.
Orden Ejecutiva para Reducir la Violencia Armada y Hacer las Comunidades más Seguras
En la orden ejecutiva, el presidente Biden se refiere a la implementación de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras (La Ley) promulgada el año pasado, que brinda herramientas para combatir la violencia armada incluyendo las verificaciones mejoradas de antecedentes penales para personas menores de 21 años que pretendan comprar un arma, entre otras medidas. El mandatario señala que sigue “pidiendo al Congreso que tome medidas para reducir la violencia armada” incluida la prohibición de armas de asalto, cargadores de alta capacidad, verificación de antecedentes para ventas de armas, almacenamiento seguro, entre otras cosas. Todo ello ha quedado pendiente en el Congreso, sin avanzar así que el mandatario decide ir por su cuenta “mi administración continuará haciendo todo lo posible dentro de la autoridad existente”.
Entre las primeras medidas para poner en práctica “la Ley”, el presidente pide que en 60 días el Fiscal General, el secretario de Salud, de Educación y Seguridad Nacional, presenten un informe sobre qué acciones han tomado sus agencias para aplicar la “Ley”, pide análisis, datos, así como los pasos concretos que darán en este sentido. En este plan de acción deberán incluir un proyecto para incrementar la conciencia pública y contemplar los recursos disponibles por la ley.
Al Fiscal General se le pide definir quién se dedica al negocio de la venta de armas de fuego, verificar quién tiene las licencias de venta (FFL licencia de armas de fuego) a fin de que cumpla con los requisitos de verificación de antecedentes; impedir que los que tengan sus FFL revocadas participen en el negocio de tráfico de armas; divulgar públicamente los informes de los FFL citados por infracciones de la Ley; hacer permanente la Ley de Armas de Fuego Indetectables (18 U.S.C. 922). Las instituciones arriba mencionadas ampliarán la campaña sobre almacenamiento seguro y fomentarán las órdenes de protección contra riesgos extremos (las banderas rojas) en conjunto con las fuerzas del orden público, los que otorgan atención médica educadores y líderes comunitarios. Instruye también de que el 15 de septiembre las instituciones involucradas en esta empresa presenten una propuesta para apoyar la recuperación, salud mental y otras necesidades de las víctimas de la violencia armada.
Los jefes de las agencias federales de aplicación de la ley deben presentar a más tardar en 180 días el Registro de la Red Nacional Integrada de Información Balística cuidando de cumplir con los requisitos que fueron señalados en la política emitida por el Departamento de Justicia en 2022 a fin de garantizar el pronto inicio de operación de esta base. En tanto, se le instruye al secretario de Transporte que trabaje para bajar los niveles de pérdida o robo de armas durante el envío a los FFL, y mejorar la notificación en caso de pérdida o robo. Ordena a la Comisión Federal de Comercio que publique un informe público sobre cómo los fabricantes de armas comercializan sus productos a menores de edad, a civiles, mediante el uso de imágenes militares. En suma, Biden pone a trabajar a todo mundo, a ver qué resulta de todo este proyecto, por mientras los republicanos ya comenzaron a protestar con sus típicas arengas sobre el derecho constitucional que garantiza la posesión de armas.
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