En enero de 2013, el presidente Barack Obama firmó 23 órdenes ejecutivas para establecer un mayor control de armas en Estados Unidos, un proyecto nunca antes propuesto en varias generaciones y se lanzó justo dos meses después de los tiroteos en la escuela primaria Sandy Hook en noviembre de 2012, sin embargo, las propuestas fueron rechazadas por el Congreso pues la prohibición de las armas de asalto y la verificación de antecedentes levantaron protestas por considerarlas una violación a la Segunda Enmienda constitucional. Obama lamentó hasta con lágrimas el rechazo de tan importante propuesta, pero quien se quedó con ganas de seguir adelante fue el entonces vicepresidente Joe Biden, el encargado de formular todo ese gran proyecto sobre el control de armas en Estados Unidos.
A principios de 2013, el entonces presidente Barack Obama firmó las órdenes ejecutivas para el control de armas, pero el problema fue que las medidas más efectivas necesitarían la aprobación del Congreso, una ruta bastante difícil debido a la oposición no nada más de los republicanos sino también de algunos legisladores demócratas. Estas 23 órdenes ejecutivas y las propuestas que pasaron al Congreso fueron producto de un trabajo que Obama encargó al entonces vicepresidente Joe Biden, quien se reunió con varios grupos en todo el país a fin de recopilar ideas sobre el control de armas y delinear algunas recomendaciones centrales. En tales reuniones participaron activistas, más de 200 organizaciones, funcionarios de ambos partidos, representantes del área de tecnología, caza y deporte en el país.
Las 23 órdenes ejecutivas se concentraron en cuatro categorías: quitar las armas de manos de sujetos peligrosos, prohibir la venta de armas de asalto tipo militar, proteger las escuelas y mejorar servicios de salud mental para compartir información, y detectar posibles atacantes. Todas las medidas fueron percibidas como “acciones de sentido común”, sin embargo, el Congreso las rechazó pese a que había un gran apoyo público contra las armas y los cargadores, el problema es que varios legisladores representan a estados donde el electorado interpreta la segunda enmienda “a modo”.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) señaló en un comunicado citado por la BBC en 2013, que “atacar las armas de fuego e ignorar a los niños no es una solución a la crisis que enfrentamos como nación (las medidas) sólo afectarán a los portadores de armas que cumplen con la ley mientras que nuestros hijos continúan siendo vulnerables a las inevitables tragedias”. Es así que la NRA fue (y todavía lo es hoy) la principal opositora a todo intento de control de armas por parte del gobierno estadounidense. Esta Asociación, es uno de los grupos de presión más poderosos en Estados Unidos por su enorme capacidad de financiamiento. En los momentos electorales mueve sus influencias y su dinero, es muy eficaz al inyectar recursos en las campañas políticas de los candidatos tanto en Congreso como en el Senado y para movilizar votantes el día de elecciones. Con su enorme capacidad de compra y “acarreo” de votos le demuestran al gobierno en turno que cualquier medida en su contra puede costarles muy caro, bastante caro en las urnas y en dólares. De acuerdo a los datos de Forbes, en 2020 las ventas anuales de armas de fuego registraron un récord histórico de 22.8 millones de dólares (1.9 millones por mes) en 2020, un aumento del 64% respecto al año anterior (mucho dinero para inyectar a las campañas) además la Asociación cuenta con una membresía de 5 millones de afiliados, suficientes para manipular algunos votos.
En este contexto, es comprensible que se “atoren” las políticas públicas propuestas dirigidas a establecer un control de armas. Cualquier político estadounidense que cuide su carrera y tenga alguna relación con este poderoso lobby, no se atreverá a desafiar a la NRA. Además, la NRA también es muy hábil en su propaganda política, en buena medida es muy semejante a la que utilizó Donald Trump: que Estados Unidos es invadido por una ola de narcotraficantes, terroristas, violadores, asaltantes que acechan a sus ciudadanos, y los atacan mientras que éstos se encuentran en la total “indefensión”. De ahí el argumento de los republicanos de cerrar la “frontera abierta” y defender a su país de esa “invasión” tan peligrosa que viene del sur del continente, y qué mejor que hacerlo con un arma en la mano.
Este tipo de campañas pega bastante bien en un país donde las armas civiles superan en número a su población (331.9 millones de habitantes) según un estudio de Small Armas Survey (SAS) con sede en Suiza, los estadounidenses poseen 393 millones de armas de un total de 857 millones de armas civiles disponibles, y esta cifra corresponde al 46% del alijo de armas civiles a nivel mundial. La relación, para ver el panorama más claro, es que hay 120.5 armas de fuego por cada 100 estadounidenses. Así que decirles a los dueños de 393 millones de armas que deben someterse a un control, o que sería buena idea no tener armas en casa, pues es una idea que no dejarán que aterrice en algo más, y menos en una política pública. Es una red bien tejida entre la NRA, su capacidad de financiamiento, su enorme peso en el Congreso y Senado, la inyección de dinero en las campañas, sus miembros y seguidores no registrados, y su “mano negra” en las elecciones, así cualquier iniciativa para establecer el control de armas se atora y bastante bien.
Las 23 acciones ejecutivas de Barack Obama.
No es mucha la diferencia entre las órdenes ejecutivas emitidas por la administración Biden en esta semana, tal vez esto se debe a que el proyecto de las acciones ejecutivas de Barack Obama lo realizó el entonces vicepresidente Joe Biden. Las acciones propuestas en ese entonces se resumen en lo siguiente: se propuso el sistema de verificación de antecedentes y compartir esta información entre los estados, barreras sobre la portabilidad, prohibir portar armas a personas peligrosas, que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) oriente a comerciantes de armas con licencia federal sobre cómo realizar la verificación de antecedentes para vendedores privados, almacenaje seguro, rastreo de armas en investigaciones criminales, orientación sobre qué hacer con un tirador activo, prevención de violencia armada, desarrollo de planes como respuesta a emergencias en escuelas, lugares de culto, planteles de educación superior, y temas de salud a nivel estatal y federal incluyendo la salud mental de las víctimas. Hay cierta similitud en la orden ejecutiva del presidente Biden (de nuevo el “sentido común”) solo que ahora se arriesga solo, habrá que ver si no se “atora” de nuevo.
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