En Venezuela continúan las detenciones de periodistas, la última el domingo de la semana pasada, consolidando estos ataques a la democracia de manera contundente.
La mayoría de la comunidad internacional observa perpleja cómo la cúpula del poder se consolida sin presentar prueba alguna de su victoria electoral.
Las negociaciones para su salida del país a un exilio dorado parecen estancadas o fracasadas, gracias a muchos elementos, entre ellos: la presión de Rusia, China e Irán, y la existencia de un entramado de clientelismo complejo, extenso y con mucho que perder y poco que ganar si sale del país, aunque huya con todo el dinero que ha acumulado.
El gobierno sabe que a la oposición se le acaba el tiempo y seguirá prolongando la situación todo lo que pueda, mientras se lo permiten desde dentro y desde fuera de Venezuela.
El Manifiesto de la Comunicación realizado por Fernando Buen Abad Domínguez y publicado por el Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela afirma: “Denunciemos la barbarie que nos acorrala y devasta. Denunciemos los genocidios y la censura donde ocurran”.
Cualquier sociedad democrática debería coincidir con esta denuncia a la censura, si quiere seguir llamándose democrática.
El problema surge cuando el gobierno que publica y asume esas palabras persigue y encarcela periodistas cuyo crimen es hacer su trabajo, esta falta de coherencia se hace insoportable.
Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, señaló el pasado lunes que antes de las elecciones se detuvo a dos periodistas y en plena campaña electoral a otros dos; desde el día de las elecciones presidenciales al menos siete fueron arrestados, van 11 en total, y las acusaciones han sido de terrorismo, instigación al odio y/o asociación para delinquir.
Cárdenas afirmó que “en un país en el que reina la democracia lo primordial es el respeto a los valores fundamentales de ella misma, entre ellos la libertad de expresión, prensa y opinión. Aquí se está criminalizando la labor periodística, imputándoles delitos de los cuales no tienen pruebas, y sobre todo delitos que ameritan unas penas muy elevadas, de 10 a 20 años. Esto causa mucha preocupación y busca silenciar la labor que cumplen los periodistas”.
Si continúa este reguero de detenciones se puede acrecentar uno de los mayores peligros para cualquier democracia: la autocensura.
Y conocer lo que ocurre en Venezuela se volvería todavía más difícil, ya que las personas que informan desde el país lo harían cada vez menos para protegerse ellas y a sus familias, divulgando una imagen alejada de la realidad, o no divulgando nada que tuviera que ver con política.
Las dos últimas detenidas este mes fueron Ana Carolina Guaita Barreto, el día 20, y Carmela Longo el 25. Dos modus operandi diferentes.
La primera fue detenida para presionar a su madre Xiomara, dirigente política del partido Copei de la oposición, y a su padre Carlos, que participaron activamente en la campaña de Edmundo González Urritia, a que se entregasen.
A la segunda fueron a buscarla a su casa y se la llevaron arrestada junto a su hijo que acaba de entrar a cursar estudios universitarios.
Guaita Barreto ha sufrido una práctica que se lleva realizando en Venezuela desde el día después de las elecciones con total impunidad: se detiene a una persona para que un familiar suyo vinculado con la oposición se entregue, a cambio liberan a la persona detenida el primer lugar sin cargo alguno.
El también periodista Vladimir Villegas afirmó el jueves de la semana pasada en su cuenta en la red social X: “Está detenida en la sede de la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira”.
Después de esa denuncia su hermano Carlos difundió un video avisando que habían perdido la pista del paradero de la periodista.
El Artículo 44 de la Constitución venezolana recoge que: “La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”.
A la periodista no se la detuvo con una orden judicial y no fue sorprendida in fraganti cometiendo un delito, por lo que se puede afirmar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido violada claramente.
Respecto al caso de Carmela Longo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que la patrulla de policía que la detuvo en su domicilio se quedó con «equipos de computadora» de la periodista, y divulgó un video en el que se la ve junto a su hijo entrar a un vehículo policial sin oponer resistencia.
Las autoridades no informaron en ningún momento de qué delito se acusaba a la periodista para detenerla.
Longo llevaba casi 20 años trabajando en el diario Últimas Noticias, este medio mantenía desde 2013 una línea editorial favorable con Maduro y su cúpula, y la periodista fue despedida el día 20 de este mes.
Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó en la red social X lo siguiente: «Registro con preocupación la detención de la periodista Carmela Longo. Continúa la represión contra el periodismo en Venezuela. La comunidad internacional que cree en la democracia debe condenar la represión y exigir liberación de personas detenidas«.
Quizá ese ruido internacional y tantos años en “Últimas Noticias” ayudaron a que el lunes 26 la dejasen libre, con la condición de no abandonar Venezuela, de presentarse periódicamente ante las autoridades y con la prohibición de escribir o hablar de su caso.
La persecución de periodistas es un indicador más de que las negociaciones de la cúpula política y militar de Maduro para una posible transición no están llegando a buen término.
La salida de Venezuela con todo su dinero no ha debido obtener las garantías suficientes, y está perdiendo la batalla ante la presión de Irán, Rusia y China para que Maduro cumpla sus compromisos económicos, militares, y como facilitador de recursos naturales estratégicos para estos países.
Irán quiere seguir siendo una piedra en el zapato estadounidense, cuanto más cerca esté de su archienemigo, mejor, y Venezuela es una buena plataforma para eso.
La venta de armas a Maduro no es exclusiva de Rusia y China, Irán le ha vendido drones con capacidad de desplegar misiles aire-tierra.
Rusia tiene una guerra abierta que le desgasta y ocupa casi todos sus esfuerzos, y su interés en Venezuela puede permanecer congelado, pero ha hecho demasiadas inversiones como para abandonar ahora, por lo que no le interesa en absoluto un cambio de gobierno; en los últimos 15 años firmaron más de 260 acuerdos comerciales.
China es uno de los principales acreedores de Venezuela, también en los últimos 15 años le ha prestado más de 65.000 millones de dólares en efectivo y en inversiones, y el petróleo ya no es garantía única de cobro.
El gigante asiático es el receptor de más del 20% de lo exportado por Venezuela, y tiene 28 acuerdos estratégicos en economía, comercio, educación, cultura, política, tecnología, seguridad y defensa, y salud.
Aunque ya no tenga confianza en Maduro, tampoco le conviene un cambio de gobierno.
Además, está el entramado, extremadamente complejo, de numerosas autoridades intermedias regionales y municipales que viven en una red de clientelismo con el gobierno central, muy difícil de sustituir, que poco tiene que ver con una ideología política de izquierdas.
Ni las propuestas de Brasil, Colombia y otros mediadores internacionales, ni la poca contundencia que hasta ahora ha ejercido Estados Unidos y la Unión Europea, han conseguido nada.
Pero, lo que es más importante, ni la actuación de la oposición que muestra en el escenario internacional las actas visibilizando que han ganado las elecciones, ha podido, de momento, con el peso del contexto interno y externo que ancla al gobierno al poder.
En estos momentos el tiempo va a favor de la cúpula de Maduro. Las marchas de protesta convocadas por la oposición para este miércoles 28 van a ser un medidor de la fuerza que todavía mantienen en esta dinámica de desgaste.
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