Entre abucheos, tambores y pancartas, manifestantes se concentraron este viernes frente al centro de procesamiento de inmigración en Broadview, Illinois, donde estuvo presente la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. La protesta, que se suma a semanas de movilizaciones, refleja el rechazo a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, incluyendo su amenaza de militarizar la ciudad.
De acuerdo con autoridades locales, al menos seis personas fueron detenidas tras enfrentamientos con agentes federales y policías estatales que desplegaron equipo antidisturbios. Los cargos incluyen resistencia, obstrucción y agresión agravada a un oficial. Los disturbios ocurrieron durante la entrada y salida de vehículos del centro, que aloja a migrantes indocumentados en proceso de deportación.
Tensión con agentes federales
La presencia de Kristi Noem y del jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, incrementó la tensión en la protesta. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a Bovino participando directamente en un arresto, lo que provocó críticas de organizaciones civiles.
Además, testigos reportaron el uso de gas lacrimógeno y municiones de goma por parte de elementos de ICE para dispersar a los inconformes. Manifestantes portaban carteles con mensajes como “Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos”, mientras automovilistas apoyaban con bocinas y gritos de apoyo.
Prohibición de drones en Chicago
En paralelo, la Administración Federal de Aviación (FAA) implementó una prohibición temporal para el uso de drones en un radio de 28 kilómetros alrededor del centro de Chicago, a petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida estará vigente hasta el 12 de octubre y responde, según autoridades, a una “amenaza creíble” de que aeronaves no tripuladas pudieran usarse contra las fuerzas del orden.
La decisión fue cuestionada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois. Su director, Ed Yohnka, advirtió que “usar tácticas militares contra civiles es inapropiado, peligroso y limita la supervisión pública en contextos de protesta”.
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