José Vilchis Guerrero
Luego de que se conociera el asesinato del periodista Juan Carlos Muñiz, reportero del portal Testigo Minero, el viernes pasado en Fresnillo, Zacatecas, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de ley para sancionar con penas de 50 a 60 años de cárcel a funcionarios que incurran en ese delito contra informadores o defensores de derechos humanos.
Según información oficial, el cuerpo de Juan Carlos Muñiz fue encontrado dentro de un taxi que conducía en el fraccionamiento Los Olivos, de Fresnillo, Zacatecas, donde el gobernador, David Monreal lamentó el crimen y expresó sus condolencias a los familiares.
Pidió a la Fiscalía General del estado que realice las investigaciones para esclarecer el artero crimen contra el informador zacatecano para dar con los responsables a la brevedad y no permitir que el crimen quede impune.
En San Lázaro, la diputada Carolina Dávila Ramírez puso a consideración de los legisladores una iniciativa para sancionar con penas de 50 a 60 años de prisión al servidor público que participe directa o indirectamente en delito de homicidio contra defensores de derechos humanos o periodistas por sus actividades u opiniones.
La iniciativa de ley es para reformar y adicionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La legisladora explicó que con esta iniciativa se adiciona la fracción III del artículo 219 del Código Penal Federal, para precisar que comete el delito de intimidación el funcionario público que por sí o por interpósita persona, inhiba, intimide, hostigue, amenace o dañe la integridad física o psicológica por el ejercicio de su actividad contra las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Cuando las acciones señaladas causen directamente la muerte a un periodista o persona defensora de los derechos humanos, además de las penas establecidas (de dos años a nueve años de prisión y de treinta a cien días multa), se impondrán las sanciones previstas en el artículo 307 Bis del Código.
La propuesta establece en el artículo 307 Bis que “si el homicidio se comete contra un periodista o persona defensora de los derechos humanos por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, se impondrá una pena de 50 a 60 años de prisión”.
Respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, plantea adicionar el artículo 64 para señalar que incurrirá en daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el servidor público que en el marco de su actuación realice acciones u omisiones que desprestigien, obstaculicen y coarten las labores de defensa de los derechos humanos y periodistas.
La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión.
