Falta de “reglas” se convierte en una tormenta para el Estado y Liga MX
Luego de los hechos en Querétaro, se pone en tela de juicio el papel que tienen las autoridades de seguridad pública y los equipos afiliados a la Liga MX, dejando más dudas que respuestas a los violentos sucesos.
Inicialmente se puede decir que existe una Ley de Cultura Física y Deporte que castiga con hasta 4.5 años de prisión a los aficionados que generen violencia en los estadios de futbol o cualquier recinto deportivo, pero ¿Quién se encarga de esta seguridad?
En el Capítulo VI de dicha normatividad, donde trata la Prevención de la Violencia en el Deporte, en su artículo 137 establece que la Comisión Nacional del Deporte podrá “asesorar” en la materia, dentro del ámbito de su competencia, a los organizadores de eventos deportivos cuando así lo requieran, es decir, sin mayores facultades que el de acompañamiento.
Incluso, establece en su artículo 138 como acto de violencia la irrupción no autorizada en los terrenos de juego y en el 139 determina la creación de la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, que será la encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte, algo que sólo existe en el papel.
La mala noticia radica en que dicho ente nunca vio la luz, aunque en 2021 se realizaron reformas para la Ley General de Cultura Física y Deporte, respecto a la Comisión Antiviolencia no se registraron avances en los acuerdos que permitan su funcionamiento.
Liga MX tampoco aclara el panorama
Según el propio reglamento de seguridad para partidos oficiales vigente, con fecha de 2012, dice que la Liga MX tiene la obligación de informar a las autoridades de Seguridad Pública, Seguridad Privada y Protección Civil, de los detalles del partido, a efecto de que en el ámbito de su competencia participen y tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes.
Sin embargo, también dice que es obligación de todos los Clubes establecer un programa de Seguridad y Protección Civil en sus Estadios, contando de la tecnología necesaria en materia de video con el alcance y cobertura en todas las zonas internas y externas de los mismos.
Todo apunta a la seguridad privada
Ante las lagunas que imposibilitan señalar a un responsable de los hechos, fuera de los agresores físicos, todo apunta a que el Grupo de Seguridad Élite K9 o G.S.E.K.9 será quien pague los “platos rotos”.
Incluso, el mismo Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, deslindó la responsabilidad de la seguridad en el inmueble a la Liga MX y al Club Querétaro.
«La seguridad del estadio es responsabilidad principalmente privada… reconozco que el estado de fuerza pública fue ineficiente. Solicito a la fiscalía que determine de manera pronta las responsabilidades de todos los involucrados», declaró.
