José Vilchis Guerrero
Una reforma al Código Penal Federal que propone el diputado federal José Antonio García García (PAN) plantea
sancionar a quien obligue o coaccione a algún trabajador a firmar documentos en blanco en los que renuncia a derechos o asume obligaciones para menoscabarlos o anularlos.
Define que la comisión del delito se comete falsificando, adulterando o haciendo uso indebido de rúbricas en documentos de carácter público y privado con efectos jurídicos en materia laboral.
En los casos que el patrón o empleador sea un servidor público, añade, se le destituirá del cargo, además de la sanción estipulada en el artículo 243 del Código Penal Federal.
Menciona que según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los despidos injustificados son la tercera parte de los casos que llegan a las juntas de Conciliación y Arbitraje, de los cuales 60 por ciento corresponden a renuncias forzadas.
Por ello, considera necesario contar con un marco normativo que establezca las herramientas jurídicas para la más amplia protección de las y los trabajadores.
La legislación vigente señala que “el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días de salario mínimo de multa. En caso de documentos privados, con prisión de 6 meses a 5 años y de 180 a 360 días de multa. Y si el que falsifica es servidor público, se aumentará hasta en una mitad más.
La iniciativa que fue remitida a la Comisión de Justicia busca adicionar las fracciones XI al artículo 244 y IX al artículo 246 del Código, para establecer sanciones de hasta 5 años de prisión. La propuesta tiende a proteger, salvaguardar y dar certeza jurídica a las y los trabajadores.
Si bien la Ley Federal del Trabajo en su artículo 48 Bis, inciso c) establece de forma expresa la prohibición de exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral, “lo cierto es que dicha legislación no establece sanciones adecuadas que ayuden a desincentivar este tipo de prácticas ilegales y abusivas”, apunta el documento.
Argumenta que lamentablemente en la actualidad persisten prácticas ilegales recurrentes que vulneran y menoscaban los derechos de los trabajadores, como la de obligar a los trabajadores a firmar una hoja en blanco para condicionar su admisión en un centro de trabajo, ya sea público o privado.
Todo lo cual es utilizado posteriormente como renuncia voluntaria que deja sin otorgarle las prestaciones de ley a los trabajadores, tales como el pago de indemnizaciones que corresponden a una liquidación adecuada, indica la iniciativa.
