José Vilchis Guerrero
Cristina Alonso García, quien contendió contra Ricardo Aldana en las elecciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se amparó ante un juez de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México contra la resolución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que otorgó la toma de nota a Aldana Prieto, como secretario General del sindicato petrolero.
Ante las endebles respuestas que se dieron a todos los recursos interpuestos ante el Centro Federal por las irregularidades en el proceso se recurrió al amparo para solicitar la nulidad de la elección y de la toma de nota emitida por el organismo, porque Aldana se encuentra impedido para ocupar el cargo de secretario General porque es trabajador de confianza y la ley prohíbe expresamente que un empleado de esa categoría sea representante sindical.
Durante la comparecencia de los candidatos, que acudieron al Salón Tesorería del Palacio Nacional para exponer sus propuestas, Alonso García confrontó a María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, para hacerle notar la irregularidad de que Aldana es trabajador de confianza de Pemex, lo cual era un impedimento, pero respondió que cumplía con los requisitos para contender por la dirigencia nacional de los petroleros.
El Centro Federal avaló la toma de nota basándose en un acuerdo contractual entre la empresa y el sindicato que se refiere a las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza, pero no a la representatividad del sindicato, porque sería una aberración que en la toma de decisiones del sindicato tuvieran injerencia los trabajadores de confianza, es decir la parte patronal.
Se trata de un acuerdo de voluntades entre la patronal y los trabajadores que no puede estar por encima de los estatutos, la Constitución y demás leyes aplicables, además de que el citado Aldana no cotizaba para el sindicato, por lo que no había vínculo que lo uniera con la organización que quería representar, expresó Cristina Alonso en su escrito.
En el amparo también se reclama la falta de fundamentación y motivación adecuada de la autoridad responsable para responder las 461 quejas conforme a los preceptos constitucionales, limitándose a responder todas con un machote que no resolvía la duda razonable del proceso electoral.
Por ello, precisa, el Centro Federal incurrió en violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica al emitir una resolución incongruente injusta y legal en contra de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 de nuestra Carta Magna, así como el convenio 87 de la OIT firmado por México.
Por tanto, Cristina Alonso reclama la suspensión provisional de la resolución del 21 de febrero y, en su oportunidad, la suspensión definitiva para que la constancia de modificación de directiva quede sin efectos y Aldana no ejerza la representación del sindicato, en tanto no se resuelva este juicio de garantías.
La lideresa afirma que este amparo es un recurso que pretende dar justicia a los trabajadores, pero también es un llamado de auxilio al presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, a quien le han ocultado información y cree que los trabajadores eligieron libremente cuando no fue así, como se sustenta en este documento.
Ricardo Aldana omitió dar una respuesta a la demanda de Cristina Alonso y de paso se deslindó de su jefe Carlos Romero Deschamps, ex dirigente nacional petrolero, en una entrevista en la refinería de Minatitlán, Veracruz, donde se conmemoró la Expropiación Petrolera, ceremonia que encabezó el jefe del Ejecutivo federal.
En la entrevista descartó una próxima reunión con el presidente López Obrador y expresó que en esta nueva etapa del STPRM se inicia una nueva relación de los trabajadores con Petróleos Mexicanos.