José Vilchis Guerrero
Gobiernos estatales y municipales y sus entes públicos sólo podrían destinar hasta 0.15 por ciento de su presupuesto para pagar los gastos de la deuda pública sin incluir aquellos costos asociados con honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera, aprobó el Senado.
Según el proyecto aprobado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, los gobiernos de estados y municipios podrán contratar deuda al menor costo financiero, pero también asegurar que estos recursos se destinen en su mayor parte a inversiones públicas productivas, su reestructura o refinanciamiento.
Para ello, las comisiones que presiden el senador Alejandro Armenta Mier y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera avalaron en su sesión del pasado 24 de marzo, con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención, la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El proyecto incorpora al artículo 2 de este ordenamiento el concepto de gastos y costos relacionados con la contratación para precisar que son aquellos que estén relacionados con la celebración del Financiamiento, que, de manera enunciativa mas no limitativa, serán:
Te puede interesar
Comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, de instrumentos derivados y garantías de pago, sin incluir honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.
En el dictamen se destaca que las entidades federativas, municipios y entes públicos no sólo deben tomar en consideración la tasa de interés que cobran las instituciones financieras, sino otros costos como intereses ordinarios, comisiones, gastos, amortizaciones de principal, y cualquier otro cargo que debe pagarse al momento de contratar el crédito y durante su vigencia.
En el debate, el senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, reconoció que la intención de la reforma es “correcta”, pero reduce de manera drástica el porcentaje máximo para gastos relacionados con la contratación de la deuda, lo que podría provocar que se demerite el acceso al financiamiento de algunos estados o municipios.
Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, coincidió en que disminuir del 2.5 el porcentaje para cubrir los gastos por asesoría financiera, como actualmente lo establece el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios, no garantizaría las mejores condiciones de mercado para contraer obligaciones de crédito público.
Por Acción Nacional, el senador Víctor Fuentes Solís dio su respaldo al dictamen pues, dijo, “ni siquiera se deberían pagar comisiones” para la contratación de deuda pública, ya que a través de los años “se ha abusado” de esta posibilidad.
