Por José Vilchis Guerrero
Al reincorporarse al Senado de la República Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California, tuvo un “recibimiento” de la oposición con acusaciones por irregularidades durante su mandato, como el destino de alrededor de mil millones de pesos de gasto federalizado.
Por las irregularidades en la Cuenta Pública de 2020, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge 
demandó que se investigue y sancione a los responsables de las mismas porque de esta suma, 200 millones corresponden al Ejecutivo estatal, y el resto a los municipios de Tijuana y Ensenada.
Anunció que presentará un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California que hagan la correspondiente investigación y se apliquen las sanciones administrativas y penales que se deriven de las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2020.
Hizo notar la legisladora que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, encontró serias irregularidades en materia de ejercicio del gasto federalizado en la administración de Bonilla Valdez.
Refirió la legisladora panista que tan sólo en lo relativo al gobierno estatal se han detectado irregularidades por 200 mdp en lo correspondiente al sector Salud en el contexto de la pandemia, que son particularmente graves porque se provocó muerte y dolor a los ciudadanos.
“La gravedad de las irregularidades cometidas durante la administración del gobernador Jaime Bonilla merecen una sanción ejemplar, toda vez que se trata de recursos federales que fueron utilizados de forma indebida”, concluyó.
