- También se avaló un proyecto que reforma el artículo 8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México
A fin de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de la población, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino, aprobó el dictamen que plantea una campaña para el manejo de residuos.
La iniciativa de la diputada Guadalupe Morales Rubio (MORENA) se propone el diseñar una campaña informativa para el manejo adecuado de residuos sanitarios, en tiempos de pandemia, o emergencia sanitaria.
Al respecto, la diputada Tania Larios Pérez (PRI), presidenta de la comisión, señaló que la esencia
del proyecto radica en brindar información a la ciudadanía para la adecuada eliminación de los desechos biológico-infecciosos, para una correcta recolección, evitando la propagación de algún virus catalogado como contingencia, o emergencia sanitaria.
Asimismo, la legisladora Larios Pérez, detalló que en el dictamen se establece que los programas de inducción y promoción de la cultura de la separación de residuos -en caso de emergencia sanitaria-, por parte de las autoridades, son esenciales y determinantes para la protección de la salud y del medio ambiente.
La iniciativa adiciona un párrafo a la Fracción X del artículo 6º de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal para que la Secretaría del Medio Ambiente integre una política de información y difusión en materia ambiental de los derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos, y considere el manejo especial de los residuos producidos por alguna contingencia sanitaria, como es la emergencia por Covid-19.
De igual manera, los legisladores dieron su voto a favor al dictamen, con modificaciones, originado de una iniciativa presentada por la diputada Tania Larios Pérez (PRI), por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, con el objeto de precisar que dentro de los 180 días naturales, contados a partir del día de inicio de cada periodo de gobierno, las alcaldías expidan y formulen su programa de acción climática.
