Mujeres son torturadas para confesar
Cecilia Sierra/Quadratín
Desde la perspectiva de los juzgadores y defensores de derechos humanos, queda claro el concepto de la tortura y el papel que juega en una investigación, sin embargo, no en todos los eslabones de la impartición de justicia en Michoacán.
Estadísticas oficiales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) revelan que en los últimos dos años se levantaron 16 quejas por tortura y emitido 14 recomendaciones por la misma causa desde 2019, a los que se habrían de sumar las de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se hacen por mero deporte, porque no buscan confesión, sino degradar a los detenidos.
Irma Nora Valencia Vargas, Secretaria Técnica de la CEDH, expuso que la tortura tiene un único fin, obtener una confesión que beneficia a un tercero, además que puede ser muy variada y no es solo física, también psicológica.
“Cuando hablamos de tortura, hablamos de la violación más grave a la luz de los derechos humanos, son violaciones, actos, con la finalidad de obtener de ellos -los torturados- la confesión que pueda ayudar a un tercero”, dijo.
Se trata de, “generar dolor o sufrimientos de cualquier naturaleza y psicológicos, y no todos son iguales, pero la finalidad sí, obtener de ellos una confesión”, aclaró Valencia Vargas.
En el caso de Michoacán señaló, se cuentan con quejas y recomendaciones principalmente contra la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Morelia, el Ayuntamiento de Jacona y la Coordinación de Sistema Penitenciario.
La mecánica de comprobación más efectiva de que hubo tortura es el protocolo de Estambul, aplicado en México por instituciones como el Instituto Nacional en Ciencia Penales, con un costo, y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los resultados del mismo tienen una connotación dentro del proceso penal, pueden ser intraprocesales y cambiar el rumbo de la investigación o extraprocesales que no afecta en el caso que se juzga.
María de la Soledad López Ortiz, juzgadora del Poder Judicial de Michoacán, explicó a Quadratín que toda persona víctima de tortura debe informar a los jueces, ya que, de probarse la obtención de una confesión mediante la tortura en la causa que está siendo juzgado, todas las pruebas pueden ser fabricadas al calor de la ilegalidad.
Al obtener resultados positivos de un protocolo de Estambul, es decir, que el imputado fue torturado y la declaración fue obtenida de esta manera, “los efectos intraprocesales inciden que, entonces ahí podrá alegar ilicitud de los actos de investigación, en la etapa intermedia de la investigación”, esto podría cambiar el rumbo de las acusaciones y también se abre la puerta la persecución y castigo a los responsables de la tortura, un delito considerado de lesa humanidad.
Sin embargo, en la práctica, en Michoacán, no se conoce, al menos no públicamente, casos de personas a quienes se haya reconocido que sufrieron tortura, comprobado la misma; que fuera castigado al culpable y liberado al inocente, tal y como alega Yessica S., que dio positivo al protocolo y sigue presa; Lizeth A., que por miedo no ha logrado acceder al apoyo psicológico y Carolina T., violada y cuya historia había sido callada a la opinión pública.
En sus historias desde el penal de Mil Cumbres
Ahora no solo siguen viviendo con miedo, también en el abandono de sus familias y de sus parejas sentimentales, alejadas de sus hijos e hijas, que, con el paso de los años, las dejaron.
La madre de Lizeth llevó al más pequeño de sus hijos a Ciudad de México, para salvarlo del peligro que representaban para ella los ministerios públicos, Iván Lara y Martín Huxley A.
A Carolina T., casi no la visitan, no se ha cristalizado su derecho a vivir privada de la libertad en un Centro de Reinserción Social cercano a su familia, mucho menos el de la suspensión condicional del proceso que establece la ley a quienes fueron condenados por menos de 5 años.
Yessica S., limpiándose las lágrimas, con lo que le queda de orgullo, condena su realidad, recrimina con énfasis:
“Aquí las mujeres estamos solas, comparé un día de visita en población de hombres, está llena, aquí vienen pocos (…) a veces se les olvida a los que están afuera que somos personas, nos quieren quitar todo, hasta los derechos humanos”.
Yessica S., fue sentenciada en el sistema tradicional a 21 años de prisión como autora intelectual de una desaparición cometida por particulares, en Morelia. De la víctima fue encontrado solo un pedazo del fémur.
Carolina T., aún debe pasar tres años en la prisión en tanto pueda acceder a una medida distinta a la prisión.
Mientras que a Lizeth., le faltan más de 30 años para volver a reunirse con su familia, sus hijos entonces serán adultos.
