Mediante una carta y como presidente del Consejo Académico de MéxicoJusto.Org, el Ministro en Retiro, Genaro
Góngora Pimentel, se dirige al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para señalar que con la votación respecto a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se dio un “fuerte golpe al Máximo Tribunal del país en cuanto a credibilidad se refiere”.
En la misiva, Góngora Pimentel plantea que un grupo de ministros, encabezados por Loretta Ortiz, son responsable de este golpe a la Corte y que esta situación abre la puerta a los amparos que particulares y empresarios presentarán para “la defensa de los intereses de todos los mexicanos en su derecho humano por una energía eléctrica asequible y sostenible y la libre competencia”.
Este es el texto íntegro de la carta:
“Con profunda preocupación hemos visto como fue votada la Ley de la Industria Eléctrica y con claridad, podemos apreciar, la incidencia del Poder Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La votación era la oportunidad ideal para demostrar a México y el Mundo la fortaleza de las instituciones en nuestro país, sin embargo, un grupo de Ministros y Ministras liderados por Loretta Ortiz dio un fuerte golpe al Máximo Tribunal del país en cuanto a credibilidad se refiere.
“Ahora, particulares y empresas, locales y extranjeras encabezarán la defensa de los intereses de todos los mexicanos
en su derecho humano por una energía eléctrica asequible y sostenible y la libre competencia; habremos de seguir de cerca el comportamiento de Jueces, Magistrados y de la misma Corte para ver que se cumplan con la ley en todos y cada uno de los amparos que se habrán de solicitar.
“MéxicoJusto.Org, Asociación Civil agrupa importantes académicos de todo México que ven con asombro el comportamiento de los Ministros que votaron a favor de esta Ley de la Industria Eléctrica, sin embargo creemos en que más allá de los intereses particulares, con patriotismo, habrán de realizar su trabajo con estricto apego a derecho.
“Insistimos en que es claro el deber de la Corte de garantizar suministro eléctrico a bajo costo y una sana competencia que impulse el crecimiento de nuestro país y la generación de empleos”.
