A través de su oficina de democracia, derechos humanos y trabajo, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó sus Informes nacionales de 2021 sobre prácticas de derechos humanos.
En el documento, la instancia gubernamental estadounidense reconoció que “la Administración Biden ha puesto los
derechos humanos en el centro de la política interior y exterior de Estados Unidos. También hemos reconocido que nuestra nación no siempre ha tenido éxito en la protección de la dignidad y los derechos de todos los estadounidenses, a pesar de las proclamaciones de libertad, igualdad y justicia en nuestros documentos fundacionales”.
De esta manera, se documentan mediante “una imagen clara de dónde están amenazados los derechos humanos y la democracia. Destacan dónde los gobiernos han encarcelado, torturado o incluso asesinado injustamente a opositores políticos, activistas, defensores de los derechos humanos o periodistas, incluso en Rusia, la República Popular china, la República Popular Democrática de Corea, Nicaragua y Siria. Documentan abusos contra manifestantes pacíficos que exigen democracia y libertades fundamentales en países como Birmania, Bielorrusia, Cuba, Hong Kong y Sudán. Destacan casos preocupantes de represión transnacional, donde los gobiernos cruzan las fronteras para acosar, intimidar o asesinar a disidentes y sus seres queridos, como se ejemplifica en el peligroso desvío forzado por parte de Bielorrusia de un vuelo comercial internacional con el único propósito de arrestar a un periodista independiente crítico”.
El informe México
En lo que respecta a nuestro país, el documento pone de manifiesto que se siguen arrastrando viejos problemas en el tema de la seguridad pública.
“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban los informes fidedignos de: homicidios ilegítimos o arbitrarios cometidos por la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales; desaparición forzada por agentes del gobierno; tortura y tratos degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitraria; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas; actos de corrupción; la investigación insuficiente y la rendición de cuentas por la violencia de género, incluida, entre otras, la violencia doméstica y de pareja; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”.
El informe abarca una amplia variedad de temas, desde desapariciones forzadas, libertad de expresión, de prensa, de reunión, acoso sexual y violencia de género, libertad sindical, corrupción, entre otros temas.
Entre los temas más urgentes de solución, el informe plantea que “la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento seguían siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción. Hubo informes de que algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas criminales organizadas internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena eran bajas por estos abusos”.
México recibe recomendaciones por desapariciones forzadas de la ONU
A la par que el Departamento de Estado daba a conocer su informe de derechos humanos, la ONU emitía 85 recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) para el gobierno mexicano, el cual anunció que cumpliría las recomendaciones para hacer una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas en México.
Estas recomendaciones buscan establecer las prioridades en la política y los tabuladores para evaluar su efectividad en la erradicación de las desapariciones forzadas.
