Por José Vilchis Guerrero
Aunque la idea surgió entre los periodistas que cubren la mañanera, la diputada priista Cristina 
Ruiz Sandoval propuso proteger la libertad de expresión y a las y los periodistas en materia de seguridad social con base en modificaciones a las leyes federal de Trabajo y del Seguro Social.
El gremio de periodistas se enfrenta a diversos riesgos y afectaciones no solo a su trabajo, sino también a su persona, por lo que resulta fundamental protegerlas y protegerlos ante este escenario adverso, para que en el ejercicio de su noble y necesaria labor, se proteja su integridad, la confidencialidad de su información y una mejor calidad laboral.
En ese sentido, la legisladora Ruiz Sandoval presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, en la que propone adicionar el capítulo II Bis denominado “Trabajadores periodistas” que contempla los artículos 187, 188, 189 y 190.
Ruiz Sandoval plantea establecer que los patrones deberán proporcionar el equipo necesario para prestar el servicio, alojamiento y alimentos cuando se realice a más de 80 km de la ubicación del centro laboral, tratamiento médico y medicamentos, y un seguro de vida privado.
Sugiere puntualizar que está sujeta a estas disposiciones, cualquier persona que investigue, genere, redacte, proporcione sus opiniones y realice cualquier otra actividad relacionada con el periodismo para el medio que es su patrón.
Añade que las condiciones de trabajo de periodistas serán proporcionales a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento.
Adiciona el inciso e) al artículo 562, a fin de precisar que para cumplir las atribuciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior —sobre las investigaciones y estudios para fijar los salarios mínimos— se considerará el riesgo de la vida por el ejercicio de la profesión, en especial de las y los trabajadores periodistas.
Por lo que hace a la Ley del Seguro Social, propone reformar su artículo 73 para señalar que las y los trabajadores periodistas que por el tipo de información, investigación, servicio o nota que realicen pueda poner en peligro su vida, ya sea el inicio de su inscripción o ya inscrito, estarán clasificados en la Clase V.
Menciona que el salario promedio de un periodista en México es de 6 mil 195 pesos, a pesar de la gran profesión y el riesgo que involucra, no se les ha considerado en otros tabuladores en los que puedan aumentar sus salarios y las prestaciones de ley.
Expresa que las y los periodistas son objeto de constantes ataques por diversas vías, como la publicación de sus datos personales e incluso condiciones precarias en materia laboral, lo cual representa una clara violación a la protección de datos personales, poniendo en riesgo su persona y la de sus familias.
Agrega que no obstante el amplio marco legal para sustentar una correcta protección a las y los periodistas, “las agresiones contra periodistas no han disminuido, y todos los días se encuentran en constante riesgo”.
Refiere que, de acuerdo con la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, las principales razones que provocan las agresiones son: crimen organizado, impunidad, corrupción y colusión entre autoridades y grupos delincuenciales, así como la falta de cultura. El perfil de quienes agreden a los periodistas en México es de 43 por ciento servidores públicos y 33 por ciento miembros de la delincuencia organizada, precisa.
La iniciativa fue remitida a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
