Por José Vilchis Guerreroi
Actualmente, los congresos estatales de 6 entidades de la República permiten el aborto hasta las 12 semanas y Sinaloa recientemente aprobó una reforma para legalizarlo hasta las 13 semanas de gestación.
Evidencia sugiere que las legislaciones más garantistas son las que ponen en el centro a los derechos de las mujeres.
En México, el tribunal constitucional ha sido el escenario de avances importantes en materia de derechos 
reproductivos de las mujeres, mientras que la vía política ha quedado estancada en la congeladora legislativa en el nivel federal y sólo ha encontrado cauce en los congresos locales de 7 entidades federativas, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.
La investigación titulada “Aborto legal: de las 12 a las 24 semanas de gestación”, elaborada por la investigadora Lorena Vázquez Correa, apunta que con corte a abril de 2022, seis entidades federativas han legalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima y, en abril de este año, el Congreso de Sinaloa dio un paso más adelante al aprobar una reforma que permite el aborto hasta las 13 semanas de gestación.
Asimismo, recuerda que el 7 de septiembre de 2021 el pleno de la Corte resolvió que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional y, por primera vez se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales hasta la semana doce de gestación.
El documento del IBD destaca que países como Colombia, Singapur, Australia y Holanda, han legalizado el aborto hasta las 24 semanas de embarazo.
En ese sentido, refiere que los países que han ampliado el número de semanas más allá de las doce han mostrado un cambio al poner en el centro de las resoluciones la perspectiva de género
y los derechos constitucionales de las mujeres, mientras que las resoluciones más restrictivas de doce semanas continúan con argumentos centrados en los límites del Estado para proteger la vida prenatal.
