Por José Vilchis Guerrero
Luego de un año en que se supo del caso de dos infantes que fueron violados en un refugio a cargo de la ex legisladora del PAN Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rosi Orozco, siguen abiertas las 6 carpetas de investigación en las que están involucrados 16 funcionarios de Coahuila y el Estado de México, que encubrieron a los responsables, aclaró Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Las carpetas de investigación que están radicadas en el Estado de México y también en la Ciudad de México aún están abiertas. Todavía faltan varios pasos en el proceso de judicialización y que aún la fiscalía y los jueces tienen varios procesos abiertos. Entonces, todavía no está dicha la última palabra, nosotros estamos esperando esa parte del propio proceso judicial”.
El 8 de abril de 2021, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación, informó que la Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a los dos adolescentes que habrían violado sexualmente a dos niños de 9 y 11 años de edad.
La investigación que realizó el periodista Miguel Badillo hace un año fue la base para que la Segob procediera a la consignación de los dos presuntos responsables de la violación de los dos menores del refugio de la organización de Rosy Orozco Comisión Unidos Vs. Trata, que se publicó en El Independiente.
Rosa Icela Rodríguez aclaró que siguen abiertas las carpetas de investigación contra los funcionarios que siguieron llevando niños al albergue de Rosi Orozco en Cuajimalpa, quien ahora ya no vive en México y se trasladó a Estados Unidos, como documentó la revista Contralínea.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación y detectó que ninguno de estos refugios ofrece condiciones de seguridad a los menores, que son objeto de malos tratos y agresiones sexuales.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó que hay 4 denuncias contra once magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero por la secrecía que exige el debido proceso, no podría identificarlos, al tiempo que informó que dos de los imputados ya concluyeron su gestión y sólo dos continúan en funciones.
Precisó el funcionario que fueron presentadas dos de ellas el 26 de julio del 2021, dos con fecha anterior, por querellas presentadas por el anterior procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Las cuatro carpetas de investigación, se encuentran en trámite por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Pero aclaró que en ninguno de los casos fueron denuncias presentadas por el actual presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que termina su periodo de encargo el día 31 de diciembre de este año. La investigación de Miguel Badillo también se publicó en El Independiente.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó la importancia de dar a conocer los casos de corrupción, porque una de las reglas de oro de la democracia es la transparencia y todos estamos obligados a denunciar las anomalías.
“Si un juez se vende o se alquila y afecta a cualquier ciudadano o a la hacienda pública, tiene que ser denunciado. Antes la práctica era que se todo resolvía en los despachos de abogados. Había ramas del poder judicial que se entregaban como moneda de cambio a opositores qué hacían y deshacían, y hasta se metían en la reforma agraria”, comentó.
