Alejandro Encinas, tiene los días contados por haber falseado las pruebas contra los militares que imputó responsables en la matanza de los estudiantes normalistas en el informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa el cual presentó como “la nueva verdad histórica”; los abogados lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que ahora es él quien busca un retiro diplomático.
En conferencia de prensa, Omar González y Alejandro Robles, quienes encabezan la defensa legal de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes detallaron que se abrió un proceso penal en contra del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Debe responder al delito de falsificación de pruebas, según la argumentación de los abogados del general José Rodríguez Pérez, el capitán Martínez Crespo, el subteniente Pirita Ochoa y el sargento Mota Esquivel.
Detallaron que sus representados son víctimas de la fabricación de delitos, por lo que cualquier señalamiento de guerra sucia en contra de Alejandro Encinas es una mentira orquestada desde Palacio Nacional.
Es por ello que lo más prudente que pueda hacer el Subsecretario Alejandro Encinas es separarse del caso y dejar de crear “cortinas de humo” en contra de sus representados.
“Nosotros solo defendemos a cuatro personas que están detenidos por delitos que no cometieron, no es una campaña en contra de Alejandro Encinas”, aclararon, por el contrario, no sólo fabricó pruebas ahora se hace la víctima siguiendo el mismo manual del Presidente de la República, pero son tan contundentes las evidencias en su contra que sólo exponen sus propias mentiras.
Se trata de las capturas de pantalla de conversaciones que presuntamente mantuvieron miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y los militares, cuando esta aplicación ni siquiera existía en 2014, que fue cuando se registraron los hechos; y supuestamente en las que se da cuenta de cómo fueron las últimas horas con vida de los 43 normalistas desaparecidos y el papel que presuntamente desempeñaron los elementos del Ejército Mexicano.
Al respecto, los abogados dejaron claro que no existe ningún elemento que constate la existencia de una relación entre los integrantes del grupo criminal y los militares que actualmente representan.
Alejandro Encinas incurrió en delitos de contra de la administración de la justicia, falsedad de declaraciones, fabricación de elementos de prueba, obligando a las personas que intervinieron en la elaboración de los expedientes en el Caso Ayotzinapa a que le ayudaran a señalar culpables, recriminó el abogado César Omar González.
Ahora corresponde al Fiscal General de la República Mexicana, Alejandro Gertz Manero, determinar quien o quienes son los responsables del delito de fabricación de delitos en contra de sus representados.
Advirtieron que los mensajes filtrados no tienen cadena de custodia, ni un origen lícito o judicial que pueda darles algún soporte jurídico, por lo que no son pruebas suficientes para mantener privados de su libertad a los militares que representan legalmente.
En cambio, son contundentes las evidencias de falsificación de pruebas que ordenó Alejandro Encinas en contra de los militares, además que solicitaron la comparecencia en calidad de testigos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes ya habían refutado los mensajes presentados como pruebas en el informe Ayotzinapa.
Presentaron a la FGR un dictamen de informática que descarta la veracidad de las conversaciones presentadas por Alejandro Encinas en donde se daba a conocer el intercambio de sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos sobre el destino de los normalistas.
Por último, exigieron también que el presidente Andrés Manuel no meta las manos como en el caso de su hermano Pío López Obrador, porque el caso de Alejandro Encinas está perjudicando la imagen del Ejercito Mexicano.
