A casi 9 meses del asesinato Debanhí Escobar Baldazúa no hay detenidos; al fiscal lo jubilaron; las amigas como el taxista que la dejó a las puertas de su muerte ya no están localizables; “el Jaguar”, el espeluznante sujeto que organizaba las fiestas de donde la joven regiomontana salió defendiéndose a patadas de la Quinta Diamante, se dice víctima desde Estados Unidos, donde pidió asilo político; el gobernador Samuel García, que sale fotografiado con este sujeto en una placa que muestra la red de trata de blancas que la secuestró, ha obstaculizado la investigación y hecho valer su veto hasta encontrar a un fiscal a modo que saque su nombre de la indagatoria; y por si fuera poco, las audiencias de las empleadas del hotel Nueva Castilla, donde fue encontrado el cuerpo en la cisterna y que falsearon declaración a la autoridad ocultando los videos, se han diferido en cuatro ocasiones, ahora la fecha es para enero, lo que demuestra el verdadero interés de las autoridades por resolver los feminicidios en México.
Debanhí Escobar Baldazúa desapareció el pasado 9 de abril en el municipio de Escobedo en Nuevo León. Luego de 13 días de búsqueda, protestas y denuncias en redes sociales, las autoridades hallaron su cuerpo en el hotel Nueva Castilla, en las inmediaciones del lugar de donde fue tomada la fotografía de ella en la carretera que se hizo viral.
La noche del jueves 21 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el cuerpo de la joven de 18 años estaba en una cisterna del Motel Nueva Castilla. El mismo hotel que revisaron en tres ocasiones anteriores y no encontraron nada, hasta que, a decir del personal encargado de las diligencias, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero dio la orden de concluir la investigación con una hipótesis del accidente por embriaguez. Cuando se conoció este hecho hizo una limpia en la fiscalía acusando filtraciones.
El fiscal salió a decir que Debanhí se había caído accidentalmente, golpeado la cabeza y ahogado; seis meses después, en los que se exhumó el cuerpo y realizaron dos necropsias, se demostró que Gustavo Adolfo Guerrero mintió para desviar las investigaciones de la red de trata de bancas que involucra a Gustavo Soto “El Jaguar”, quien organizaba las fiestas locas en la Quinta Diamante para los narcojunior en Monterrey, y a las que llegó a asistir el gobernador Samuel García, mismas que terminaban en un aquelarre en el hotel Nueva Castilla, precisamente donde fueron encontrados los restos mortales en el receptáculo y de donde desaparecieron los videos de las cámaras de circuito cerrado.
Las amigas de Debanhí, Sarahí e Ivonne, que fueron las que la invitaron a la fiesta en la Quinta Diamante, también desaparecieron de escena, luego que les dijo que “El Jaguar” le daba mucho miedo y la entregaran al taxista Juan David Cuellar, quien se encargó de abandonarla en las inmediaciones del Hotel Nueva Castilla, donde se le vio por última vez con vida. Se demostró que éste sujeto trabajaba para “El Jaguar”, se encargaba de transportar a las jovencitas de las fiestas en la Quinta Diamante al Hotel Nueva Castilla. Cuando fueron expuestos, tanto las amigas, como el taxista, aparecieron con abogados ante diversos medios de comunicación con la misma versión en la que exculpaban a “El Jaguar” y al Gobernador de la red de trata de blancas, y por el contrario echaban la culpa a Debanhí y suscribían la hipótesis de la embriaguez que la llevó a su muerte.
El 5 de octubre pasado, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presentó su renuncia al cargo, sin que pudiera dar respuesta a las omisiones en el caso Debanhí Escobar, argumentando que llegó el tiempo de su jubilación.
Previamente, el fiscal dio a conocer su dimisión en la Mesa de Coordinación de Seguridad, que preside el gobernador Samuel García, quien a la fecha se ha encargado de vetar a cuanto postulante pretende el cargo, hasta en tanto no encuentre a un fiscal “carnal” que lo exculpe de las investigaciones del caso Debanhí.
Es la fecha que no pueden avanzar en el Congreso local para designar al nuevo fiscal, además la fiscalía se ha encargado de diferir las diligencias en la investigación que involucran a las empleadas del hotel Nueva Castilla, que son acusadas de falsear declaraciones a la autoridad y obstruir la investigación al ocultar las memorias de las cámaras de video vigilancia, donde ocurrieron los hechos.
Lo grave es que esta situación de impunidad se repite en el 97 por ciento de los casos de feminicidio en México, en los que la autoridad federal tiene que tomar el control de las investigaciones, y reconocer que por omisión y obstrucción de la justicia no han podido dar con los responsables. Desde el 18 de agosto el subsecretario federal Ricardo Mejía Berdeja aseguró que la fiscalía formularía una imputación penal contra quienes resulten responsables de obstruir la justicia al inicio de la investigación del caso Debanhí, se acabó el año, las audiencias se han diferido y los señalados ya no están localizables.
