En un peligroso protagonismo y puerta al “pacífico” Yucatán, la dependencia a cargo de Luis Felipe Saidén Ojeda asume cada vez más la vigilancia en la costa del estado, incluso, por encima de la Secretaría de Marina
Desde 2020, para reforzar y garantizar la seguridad en los 378 kilómetros de la costa yucateca, el Gobierno del Estado entregó embarcaciones tipo patrulla de alta velocidad a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con lo que Yucatán se convirtió en el único estado del país en el que su policía cuenta con este tipo de embarcaciones, sin embargo, ello implicó indirectamente asumir cada vez más control de vigilancia en el puerto, incluso, por encima de la Secretaría de Marina.
En otras palabras, Luis Felipe Saidén Ojeda ahora tiene a su disposición cuatro lanchas Interceptor modelo 38 Full Cabin de 38 pies, las únicas en todo el país, de las cuales, solo cuenta con ellas la Secretaría de Marina, pero con la diferencia que son de 3 motores fuera de borda y las de la SSP de 4 motores.
Además de que la Semar tiene en Yucatán una flotilla limitada y fija de seis buques: dos patrullas costeras, dos unidades de apoyo y sólo dos interceptoras, por lo que el poder que adquiere la SSP cobra aún más relevancia.
Tal control podría tener algunas razones, pues el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de los Estados Unidos, en su estudio “México: Crimen Organizado y Organizaciones del Narcotráfico”, establece que las dos organizaciones más poderosas del narcotráfico: Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, operan libremente en el estado de Yucatán, generando una aparente seguridad cuando realmente se trata de una “pax narca”.
Sin olvidar que su costa pertenece al llamado canal de Yucatán, que conecta a México con el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, convirtiéndose en el principal canal del narcotráfico y trata de personas a nivel regional.
Incluso, existen versiones que establecen que tanto el CDS y CJNG se mueven a sus anchas en la Península de Yucatán, bajo la complicidad de Luis Felipe Saidén Ojeda, quien está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán desde 2007 bajo el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Además, según datos revelados en 2022, Vanda Felbab-Brown, investigadora del Instituto Brookings, asegura que el crimen organizado mexicano se está expandiendo a todo el país, ante la falta de respuesta por parte del gobierno de México para combatir a los capos del narcotráfico.
El Cártel de Sinaloa, que cuenta con ramificaciones para operar en la mayor parte del país, tiene especial presencia en la Península de Yucatán, puerta de entrada de droga proveniente de Sudamérica.
Incluso, tras las filtraciones que dejó el hackeo a la Sedena, se establece que reportes de inteligencia militar señalan que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 28 de los 32 Estados de la República con 37 células, una de ellas en Yucatán.
Incluso, diarios como La Verdad, citan a Elías Razur Antonio, director del Observatorio Mexicano sobre las Drogas, quien dijo que la delincuencia organizada, silenciosamente ha venido ganando terreno en donde el gobernador Mauricio Vila Dosal la ha dejado crecer y hasta se especula de acuerdos con las mafias, dado que Yucatán figura en la ruta del paso de la droga que va desde Centroamérica hasta su destino final en Estados Unidos.
Además, se estima que el Cártel Jalisco Nueva Generación abrió una base de operaciones en Yucatán desde el año 2016, y de ello se alertó a las autoridades estatales encabezadas entonces por el gobernador Rolando Zapata Bello y posteriormente por Mauricio Vila Dosal y a su secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Saidén Ojeda, pero no se ha hecho nada.
¿Por qué no hay violencia?
Pese a que los índices de violencia de alto impacto no son de escándalo en Yucatán, el nombre de Luis Felipe Saidén Ojeda se ha visto relacionado con temas del crimen organizado, incluso, con acusaciones en el mismo Palacio Nacional, donde hubo oídos sordos.
Sin embargo, el estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda “Evaluación Nacional de Riesgos, resultados preliminares”, de 2019, sostiene que en el caso de Yucatán ninguna de las dos organizaciones del narcotráfico tiene ventaja sobre la otra, como si existiera una tregua permanente, de ahí la contención de violencia.
Es decir, un estado “seguro” no siempre es el reflejo de que todo sea paz y tranquilidad. En algunos casos, los territorios donde existe un bajo índice delictivo están dominados por un cártel que mantiene cierto control en la zona.
Bajo este contexto, la investigadora y periodista Sandra Romandía comentó en 2020 que, “la policía sirve para contener enemigos y la posible entrada de otro grupo. Los cuerpos policiacos en ocasiones fungen como filtro para detener a vendedores de droga, interrogarlos y torturarlos para saber si trabajan para alguna banda distinta a la que mantiene el orden”.
De tal modo, el protagonismo que la SSP, a cargo de Luis Felipe Saidén Ojeda, asume cada vez más la vigilancia en la costa del estado podría catalogarse peligroso, pues justo el canal de Yucatán, localizado entre la península de Yucatán, en México, y Cuba, comunica el mar Caribe con el golfo de México, principal paso de droga rumbo a Estados Unidos.
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