Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral y el decreto que clasificaba como de seguridad nacional y de interés público las obras prioritarias del Gobierno Federal, senadores y diputados de Morena han presentado dos iniciativas constitucionales para reformar la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que no cuentan con las dos terceras partes para aprobarlas en la Cámara de Diputados como en el Senado de la república.
Los legisladores que han presentado estas propuestas son Alejandro Armenta Mier y Manuel Alejandro Robles Gómez, con el fin de modificar los artículos 96 y 97 de la Constitución, para elegir a los ministros de la SCJN por el voto popular directo y universal. En el caso de Ignacio Mier Velazco lo único que ha propuesto es la realización de una consulta popular para decidir si se eligen o no a estos servidores públicos.
Consideraron que es necesario democratizar al Poder Judicial, que los jueces y magistrados sean elegidos de manera directa por la ciudadanía, y que estén sujetos a la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Asimismo, manifestaron que México debe seguir el ejemplo de países como Bolivia, Estados Unidos, Suiza y Japón donde la elección de jueces son electos por el pueblo.
El diputado Robles Gómez presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una iniciativa de ley para modificar la Constitución que se suma a la planteada por Alejandro Armenta, presidente del senado, en el mismo sentido.
La propuesta que modifica los artículos 96 y 97 de la Carta Magna, establece que para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el voto popular directo y universal se emitirá una convocatoria pública abierta que contendrá las etapas completas para llevar a cabo el proceso de selección de los candidatos, fechas límites y plazos improrrogables.
El legislador morenista en su proyecto de ley propone que los ministros durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo, al término del cual, únicamente podrán ser ratificados por un periodo más y sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
Hizo notar que el proceso para la designación de un Comité Técnico de Evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio e intachable calidad moral, los cuales deberán ser nombrados dos por el presidente de la República; uno por el Pleno de la SCJN, otro más por el Consejo de la Judicatura Federal, uno por el Senado y dos por la Cámara de Diputados.
El Comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo de ministro o ministra, seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por vacante, cuidando que se cumplan los principios de paridad de género, adultos mayores e inclusión de los grupos sociales históricamente excluidos.
Una vez realizado este procedimiento se enviará la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, quien a su vez la dará a conocer en la sesión convocada para tal efecto y la deberá remitir, de forma inmediata, al Instituto Nacional Electoral.
Recibida la relación de candidatos por el INE, éste ordenará en un plazo no mayor a tres meses, la realización del proceso electoral en el cual toda aquella persona mexicana que reúna los requisitos para votar participará y votará por el candidato de su elección.
Cuando el proceso de elección de ministros coincida con un proceso electoral federal, deberán realizarse ambas elecciones el mismo día.
Será nombrado ministro o ministra el candidato que cuente con el mayor número de votos en el proceso electoral.
Para la elección de las magistradas y magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito, deberá observarse el procedimiento descrito en el artículo 96 de la Constitución Política.
En la exposición de motivos aseveró que el Poder Judicial es de los tres poderes, el que menos está bajo el escrutinio público, eso ha ocasionado que sus niveles de corrupción se incrementen.
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