El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos, ha declarado que esos cuerpos de seguridad privada integrados en el Cusaem están sumidos en la indefinición jurídica…
Conformado por tres cuerpos de vigilancia auxiliar, el Cusaem (Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México) triangula miles de millones de pesos en los circuitos financieros del país, lo que ha llamado la atención de las autoridades fiscales y de inteligencia para investigar el origen y el destino del dinero, parte del cual proviene de pagos de dependencias públicas, empresas privadas, organizaciones criminales, narcotraficantes y personas físicas que contratan sus servicios que según opiniones de especialistas en seguridad están sobrevalorados.
De acuerdo con documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las tres organizaciones que conforman el Cusaem evaden al fisco, protegen “narco-tienditas” y a líderes del narcotráfico, están implicadas en denuncias por extorsión y también “cuidan” instalaciones públicas y son contratados como escoltas de empresarios y políticos.
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos, ha declarado que esos cuerpos de seguridad privada integrados en el Cusaem están sumidos en la indefinición jurídica, al no ser una corporación pública pero tampoco privada, lo que les permite operar sin ser auditada.
En una entrevista publicada en Contralínea, Sapién Santos afirmó que el Cusaem es un ente híbrido que no puede ser auditado porque en la ley no hay una figura jurídica aplicable, de tal manera que cuando les conviene a sus directivos dicen que pertenecen al gobierno y cuando no aseguran ser cuerpos privados de vigilantes auxiliares.
Los tres cuerpos de vigilancia del Edomex que conforman el Cusaem son: Cuerpos de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México; Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Toluca; Jefatura de Policía Industrial del Estado de México. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco.
La negligencia con que las autoridades priistas mexiquenses han actuado permitió que cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, se creó en 2006 el Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Estatal y en su artículo 3 se establece que las empresas de vigilancia auxiliar serían supervisadas y controladas por esa dependencia, pero cuatro más tarde, en 2010, esas empresas fueron excluidas del mismo documento.
En 2015, el reglamento interior de la extinta Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana refería que los auxiliares de la función de la seguridad pública, despliegue táctico, operaciones especiales, de reacción y alerta inmediata deben ser coordinados por esa dependencia, no obstante, no se señaló directamente a la Cusaem.
Las violaciones y abusos de esos grupos de personas armadas han dado motivo a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita recomendaciones en donde también se da cuenta de esa indefinición legal en la que se encuentra la Cusaem, al determinar que sus elementos se encuentran armados sin formar parte de la nómina gubernamental del Estado de México, lo que viola las leyes mexicanas. No obstante, las recomendaciones admiten que Cusaem cuenta con una licencia para portar armamento.
De acuerdo con el sitio oficial Región 6 Agencia de Seguridad Estatal –del gobierno del Estado de México–, Cusaem proporciona servicio de seguridad física, prevención y manejo de situaciones críticas, operación y vigilancia de circuito cerrado de televisión dentro de instalaciones, monitoreo de alarmas, custodia de transportes en autopatrullas propias comunicadas en forma permanente al centro de mando, capacitación en técnica policial, defensa personal, manejo de armas, entrenamiento de tiro y tiro virtual, así como seguridad intramuros a fábricas, hospitales, bancos, escuelas, centros comerciales, gasolineras, edificios corporativos, zonas departamentales, zonas residenciales y oficinas de gobierno, con el objeto de prevenir situaciones de riesgo.
Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada explica que el Cusaem no puede pertenecer a la seguridad pública porque no detentan actividades encaminadas a dicha función y, a pesar de ello, tampoco se considera empresa de seguridad privada porque no cumple con la normatividad en la materia ni detenta servicios de seguridad privada.
El flujo de miles de millones
En reportes de la UIF se establece que entre 2010 y 2020, la corporación Cuerpos de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México realizó operaciones en efectivo como retiros por 1 mil 139 millones de pesos y recibió depósitos por 39 millones 800 mil pesos.
En cheques, esa filial del Cusaem recibió entre 2015 y 2020 montos por 1 mil 227 millones 600 mil pesos y emitió cheques por 648 millones 100 mil pesos; en transferencias electrónicas de fondos, la misma empresa recibió en ese mismo lapso 331 millones de pesos, mientras que en transferencias vía Speis recibió entre 2012 y 2020 125 millones 400 mil pesos y envió 23 millones 600 mil pesos. Estos recursos recibidos correspondieron a dependencias gubernamentales, empresas privadas y personas físicas.
En una revisión a la plataforma gubernamental de Compranet se localizó que entre 2017 y 2020 se hicieron contrataciones públicas con diversas entidades por 919 millones 100 mil pesos.
Esa misma corporación de Cuerpos de Vigilancia envió 1 mil 721 millones de pesos a Salvador Jiménez Benjamín, quien sería el jefe de la XIX Región Operativa del Cusaem y a quien señalan por proteger “narco-tienditas”. Otros 329 millones de pesos se enviaron a José Ángel Cabello Treviño, quien de acuerdo a fuentes abiertas está vinculado a extorsiones.
Otro problema es que fiscalmente no se localizaron declaraciones anuales de esa empresa privada y sí se identificaron CFDI’s emitidos, lo que significa que estaría evadiendo al fisco.
En cuanto al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Toluca, la UIF y el SAT identifican operaciones en efectivo entre 2010 y 2020 correspondientes a retiros por 69 millones 200 mil pesos y depósitos por 6 millones 400 mil pesos.
De 2015 a 2020 recibió cheques por 397 millones 900 mil pesos y emitió otros por 81 millones 700 mil pesos. En transferencias electrónicas de fondos recibió entre 2015 y 2020 sólo 1 millón 500 mil pesos, mientras que en transferencias Speis recibió entre 2012 y 2020 montos por 6 millones 200 mil pesos y envió 1.3 millones.
De acuerdo con Compranet, de 2017 a 2020 se localizó contratación pública con diversas entidades, empresas privadas y personas físicas por 135.1 millones de pesos.
A las personas físicas que les envió recursos destacan Leopoldo Reyes Pavón, exdirector operativo de Cusaem, quien recibió 4.3 millones de pesos y fue despedido por haber firmado un contrato para proporcionar escoltas a José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, miembro del cártel de los Beltrán Leyva.
De esta corporación tampoco se localizaron declaraciones anuales.
El tercer cuerpo del Cusaem es la Jefatura de Policía Industrial del Estado de México, Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, el cual realizó operaciones en efectivo entre 2010 y 2020 al retirar 331.6 millones de pesos y recibir 62.6 millones.
En cheques, de 2015 a 2020 recibió 1 mil 207 millones 800 mil pesos, mientras que en transferencias electrónicas de fondos recibió en el mismo lapso 58.9 millones y recibió transferencias Speis de 2012 a 2020 por 48.7 millones y envió 3.5 millones de pesos.
De acuerdo con Compranet, de 2011 a 2020 se localizó contrataciones públicas don diversas dependencias, empresas privadas y personas físicas por 275.6 millones de pesos.
De los sujetos que recibió recursos están 19.7 millones del Centro Deportivo Israelita AC, en donde figura como apoderado Simón Neumann Ladenzon, quien supuestamente pertenece al cártel inmobiliario de la Ciudad de México, y otros 8.9 millones de Grupo TV Promo, empresa relacionada con el documental “Populismo en América Latina”.
De los sujetos a los que envió recursos están 13.5 millones a Gerardo Castillo Bautista, quien fue titular del Cusaem en 2013 y fue acusado de falsificar firma de José Luis García Figueroa cuando éste ya había muerto, para poder nombrar a Daniela Casandra como jefe de región de Cusaem. A esta empresa tampoco se localizaron declaraciones anuales.
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