Legisladores de todas las fracciones parlamentarias destacan su trayectoria profesional, política y diplomática.
El Pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento que expidió el titular del Ejecutivo federal a favor de Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Adriana Bárcena es Licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con estudios de Maestría en Ecología por la UNAM y en Administración Pública por Harvard, así como Doctorados Honoris Causa por la Universidad de Oslo, la Universidad de la Habana y por la UNAM.
Se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y, posteriormente, fue designada como embajadora de México en Chile, cargo que concluyó recientemente. Además, trabajó en diversos cargos dentro del Sistema de las Naciones Unidas.
Luego de su ratificación, por unanimidad, con 98 votos a favor, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera Rivera, le tomó la protesta de ley correspondiente a la funcionaria y le deseó éxito en su nuevo encargo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, informó que las y los integrantes del organismo a su cargo coincidieron en que ella tiene la capacidad para desempeñar este cargo de manera óptima, pues es una de las mejores diplomáticas que ha tenido México.
Senadores brindan su apoyo
Nadia Navarro Acevedo, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que es imperativo contar con una SRE estructurada, que enfrente los retos del escenario global de la actualidad y que privilegie la diplomacia y la negociación como el mejor camino para garantizar la paz y la seguridad, encomienda que, confió, la Secretaria cumplirá sin dificultades.
Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, sostuvo que el principal desafío de la Secretaría será el fenómeno migratorio, por lo que tiene la tarea indispensable de implementar una política que incida en el desarrollo local, regional, nacional e internacional, para reducir el impacto negativo de la movilidad humana y proteger los derechos humanos de los migrantes.
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