Personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente son criminalizadas al ejercer su derecho a la protesta
Amnistía Internacional (AI) denunció “el uso desproporcionado del sistema judicial” contra activistas medioambientales que protestan de forma pacífica para “defender la tierra” en México.
El uso desproporcionado de las normas penales es una de las amenazas principales al derecho de protestar pacíficamente para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, señaló AI al publicar un nuevo informe.
“Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta la violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe se centra en cuatro casos
Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo diverso de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales.
Zacatepec, en el que Miguel y Alejandro, comunicadores y defensores nahuas, protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo.
Chilón, Chiapas, en donde César y José Luis, defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.
Sitilpech, Yucatán, pobladores de esta localidad como Jesús Ariel, Arturo y Juan Diego, se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera.
El informe expone que las autoridades de distintos niveles estatales han usado la Justicia en contra de estos activistas “sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, mediante el uso de tipos penales ambiguos como ‘motín’, ‘obstrucción de obra pública’ o ‘ataques a las vías de comunicación’, todo ello sin tener en cuenta “los contextos de las protestas”.
Además, muchas de estas denuncias, dirigidas principalmente contra los líderes de los movimientos, han sido creadas a partir de “interpretaciones amplias de tipos penales” y de “tergiversación de los hechos”.
Amnistía informó que muchos de estos procesos, que se usan “en completa impunidad”, suelen estar acompañados de “estigmatización” hacia estas personas, que a su vez conllevan “problemas graves a su seguridad e integridad”.
El informe detalla recomendaciones para atajar este problema, como que las autoridades reconozcan la “valiosa labor” de los activistas, que se abstengan de estigmatizarlas, garantizar su participación en este tipo de asuntos, fortalecer los mecanismos de protección, abstenerse de usar cuerpos de seguridad militarizados en protestas, cesar su criminalización y que se investiguen los casos de violencia en su contra.
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