Lo que empezó como un señalamiento entre dependencias, se convirtió en una guerra de comunicados, donde se acusan mutuamente
Carla Humphrey Jordan Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), y esposa de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acusó de alguna forma en una sesión del Consejo General, a Pablo Gómez de obstaculizar las labores de fiscalización del Instituto, dejando de proveer dentro de los plazos establecidos la información que se le solicita.
Y como hacía mucho no sucedía, la UIF a cargo de Pablo Gómez, respondió a los señalamientos de la consejera, y acusó al árbitro electoral de hacer requerimientos fuera de sus atribuciones.
De acuerdo con el recuento de la versión digital de EMEEQUIS titulado: INE y Unidad de Inteligencia Financiera: ¿disputa personal?, lo que en el Pleno del INE empezó como un señalamiento entre dependencias, parece que se personalizó y se convirtió en un pleito más personal que institucional.
¿El meollo? La queja del órgano electoral de que la mayoría de sus solicitudes de información a la UIF no son atendidas.
El origen del ‘problema’
El desacuerdo surgió después de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE presentara un informe en el que se señalaba que el 90% de las solicitudes de información que ha formulado a la UIF en este 2023 han sido ignoradas; pues de los 54 requerimientos realizados, se han respondido tan sólo seis, lo cual obstaculiza la revisión del gasto de partidos y candidatos.
Para ser precisos, la consejera Carla Humphrey Jordan refirió durante una sesión del Consejo General que las propias instancias del Estado mexicano obstaculizan las labores de fiscalización del Instituto, dejando de proveer dentro de los plazos establecidos la información que se les solicita.
Respuesta de la UIF
Al respecto, la UIF respondió que “esa oficina no cuenta con facultades para determinar la capacidad económica de las personas, dar a conocer su situación fiscal o transmitir su información financiera, cuando no está relacionada con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Anteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera ya había anunciado que no entregaría información adicional al Instituto Nacional Electoral, alegando que las solicitudes del INE se encuentran fuera de sus atribuciones y no cumplen con los requisitos legales necesarios.
El INE tiene la razón, según la ley
De acuerdo con el artículo 190, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General del INE no está limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Para ello, cuenta con la Unidad Técnica de Fiscalización, que está facultada para requerir información y documentación comprobatoria de cualquier aspecto vinculado con el origen y destino de recursos.
Asimismo, el artículo 200 de la LGIPE dispone que las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días.
Para tales efectos, la SHCP debe informar al INE de las operaciones financieras que involucren disposiciones en efectivo y que se consideren relevantes o inusuales.
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