A la larga lista de exburócratas investigados por la compra con sobreprecio de miles de millones por licencias para el uso de ese software, se suma el nombre del exprocurador preso Jesús Murillo Karam y su exsubprocurador prófugo Tomás Zerón, a quienes acusan de adquirir Pegasus en perjuicio de las finanzas públicas
Con expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de “quien resulte responsable” por la intervención de comunicaciones privadas mediante el uso de la plataforma Pegasus en los últimos tres sexenios, el más avanzado software de espionaje israelí y que fue contratado entre 2010 y 2012 por el gobierno panista de Felipe Calderón; ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)– revelar en versión pública la información relacionada con ese malware Pegasus, después de que éste fuera reservado por 20 años.
La decisión de la mayoría de los ministros de la Corte -ocho votaron a favor de abrir los expedientes- tenía la intención de sentar en el banquillo de los acusados al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el uso de dicho software; sin embargo, esta decisión del máximo tribunal de México hará público que fue el gobierno de Calderón el que adquirió por primera vez ese sistema de intervención de comunicaciones para que SSP, Sedena, PGR y Cisen espiaran ilícitamente a opositores políticos, líderes sociales, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos.
Fueron 8 los primeros contratos (en poder de esta columna) que firmó el gobierno de Calderón con una empresa israelí y que tuvieron un costo por 5 mil 628 millones 499 mil 999.91 pesos. Posteriormente, se signaron otros 10 contratos “para fortalecer las capacidades de inteligencia”, según se revela en los documentos oficiales.
Por lo anterior, la FGR podría fincar responsabilidades penales en contra del exmandatario panista y otros exfuncionarios que participaron en el uso indebido de dicho software israelí que ha servido para intervenir las comunicaciones privadas de decenas de miles de personas, pues además de usarlo para espiar a la población sin autorización judicial, fueron revendidas las licencias a grupos criminales, corporativos empresariales y gobiernos estatales para que tuvieran su propio sistema espía.
Pegasus, el negocio del cártel de abogados de Los Pinos
En 2022 publicamos en El Independiente que con motivo de ese espionaje practicado por Calderón y repetido por los órganos de inteligencia en la administración de Enrique Peña Nieto, las carpetas de investigación abiertas en la FGR desde principios del actual gobierno de López Obrador, se descubrió que funcionarios de regímenes anteriores habrían utilizado licencias de Pegasus para convertirlas en un negocio privado, al venderlas a gobiernos estatales, empresas privadas, políticos y a grupos de la delincuencia organizada.
De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía, estarían involucrados exdirectivos de algunos órganos de inteligencia, de seguridad nacional, exjefes policiales y hasta de la extinta PGR, quienes según las investigaciones adquirieron y utilizaron maliciosamente el servicio del software israelí para instalar centros de espionaje propios.
A la larga lista de exburócratas investigados por la compra con sobreprecio de miles de millones por licencias para el uso de ese software, se suma el nombre del exprocurador preso Jesús Murillo Karam y su exsubprocurador prófugo Tomás Zerón, a quienes acusan de adquirir Pegasus en perjuicio de las finanzas públicas; además, porque utilizaron esa sofisticada tecnología para espiar las comunicaciones privadas de integrantes del gabinete que ahora preside Andrés Manuel López Obrador.
También son investigados por gastos excesivos y el supuesto uso ilícito del malware Pegasus el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), A.B.S.; el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes; su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado en Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte; Walter Meade, primo del excandidato presidencial priísta José Antonio Meade y proveedor de armamento y equipo a las Fuerzas Armadas; Alberto “N”, encargado de la oficina de la PGR en el último año del gobierno de Peña Nieto, y Raúl Cervantes, exprocurador general de la República y primo de Humberto Castillejos.
En las indagatorias que lleva a cabo la FGR participan también el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órganos del gobierno que en 2019 descubrieron un centro de espionaje que operaba en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, en donde encontraron grabaciones de conversaciones privadas de funcionarios del gobierno de López Obrador, incluido el mismo presidente de la República.
El inmueble en donde se tenía ese centro de espionaje ilegal se ubicaba en el piso 35 de la Torre Impulso, en avenida Santa Fe número 443, propiedad del empresario prófugo de la justicia Víctor Manuel Álvarez Puga y su hermano Alejandro, quienes además tendrían otros tres pisos en el mismo inmueble de Santa Fe.
Estos hermanos Álvarez Puga son investigados también por la venta de facturas apócrifas, mejor conocidas como EFOS (empresas que facturan operaciones simuladas) y su presunta participación desde hace muchos años con el outsourcing, mecanismo de subcontratación para explotar a trabajadores en condiciones laborales adversas.
Corte ordena entregar información sobre malware Pegasus
Por mayoría de votos, el pleno de la Corte ordenó a la SHCP –a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, revelar en versión pública la información relacionada con el malware Pegasus.
Durante la discusión, algunos ministros y ministras se refirieron al programa que adquirió por primera vez el gobierno de Felipe Calderón en 2011 como violatorio de la privacidad, por haber sido utilizado para actividades de espionaje.
La ministra Yasmín Esquivel consideró que el uso del malware Pegasus es un problema relevante, pues “ha puesto en riesgo la protección del derecho humano a la privacidad al tratarse de la adquisición encubierta de tecnologías digitales para la intervención ilegal de comunicaciones privadas de las personas, lo cual, sin duda, constituye una labor de espionaje que debemos enérgicamente rechazar”.
Agregó que de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una vez instalado el software espía Pegasus “otorga acceso completo y sin restricciones a todos los sensores e información de los dispositivos infectados, convirtiendo, efectivamente, la mayoría de los teléfonos inteligentes en dispositivos de vigilancia de veinticuatro horas, accediendo a la cámara, al micrófono, a datos de geolocalización, correos electrónicos, mensajes, fotos, videos, así como todas las aplicaciones”.
Advirtió por ello que “la adquisición de estas herramientas de espionaje digital con tan sofisticada tecnología, me parece que no tiene cabida en nuestro orden constitucional y menos aun cuando presumiblemente han sido adquiridos en forma encubierta, como señaló en su momento el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que se trata de un instrumento que (sin duda) constituye una amenaza a la intimidad de las personas al construir un mecanismo de intromisión permanente en los teléfonos celulares y, a partir de ello, en el espionaje de todos los datos personales”.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien también votó por la apertura de los documentos, señaló que el programa Pegasus “fue contratado en 2014 por el gobierno federal mexicano [encabezado por Enrique Peña Nieto] para realizar espionaje telefónico”.
El ministro desconoce que fue Calderón quien trajo Pegasus a México desde 2010, pero indicó que “la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población resulta en un caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del Estado para vulnerar los derechos humanos de las ciudadanas y de los ciudadanos”.
En ese contexto, ocho ministros determinaron que son infundados los recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en contra de las resoluciones de 10 y 17 de noviembre de 2021, emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Por ello, resolvieron entregar la versión pública de la información concerniente a los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa espía Pegasus.
La mayoría del pleno indicó que la reserva de la información por razones de seguridad nacional no se acredita, entre otras, porque “la clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto que la emite o las atribuciones de éste, aun cuando cuente con facultades relacionadas con la seguridad nacional, como es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP”.
Asimismo, los ocho ministros señalaron que la autoridad Consejería Jurídica “fue omisa en demostrar por qué la divulgación de la información solicitada implicaría que se afecten las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que se limitó a formular argumentaciones dogmáticas, genéricas y abstractas”.
También, determinaron que “la información solicitada no es generada mediante el ejercicio de facultades de investigación, ni resulta propia o connatural a las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que se desarrollan en el marco de la seguridad nacional”.
Los ocho contratos de Pegasus
La primera vez que se compró Pegasus en el sexenio de Calderón, se le acondicionó un edificio completo con ocho módulos y más de 200 computadoras, mesas, pantallas, servidores y sistemas satelitales. Este software que es el más avanzado del mundo y que costó más de 5 mil millones de pesos, se completó en tres fases mediante 8 contratos y otros 10 más para obras, servicios y bienes relacionados con el funcionamiento del mismo.
Formalmente, Pegasus fue adquirido para espiar y contener los movimientos armados y desarticular a los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, desde el primer momento se utilizó para espiar a líderes sociales, campesinos, indígenas, ambientalistas, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, otras dependencias federales, como la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal (PF) se encargaron también de sistemas similares.
Para cubrir las tres fases de la plataforma, el gobierno calderonista celebró ocho contratos con la empresa Security Tracking Devices, de José Susumo Azano Matsura y José Susumo Azano Moritani, por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos de aquel entonces. Por el tipo de tecnología, la compra-venta de los equipos tuvo que contar con el visto bueno de la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.
Los equipos y servicios que integran la plataforma Pegasus fueron adquiridos mediante adjudicación directa. En los contratos se señala que la adquisición de la plataforma Pegasus tenía como fin modernizar el Sistema de Inteligencia y el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos.
El proyecto se denominó “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2”. Constó de tres fases, las cuales están amparadas por sendos contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033, 4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa también para adquirir productos y servicios relacionados con las actividades de inteligencia y la puesta en marcha de Pegasus: 4500006718, 4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525. Los otros 10 instrumentos se celebraron a finales del sexenio de Calderón.
Como se puede leer en los contratos, Pegasus tiene la capacidad de intervenir en cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia–mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone, a los que denomina “dispositivos interrogados”.
Para la operación de Pegasus se adquirieron más de 200 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, una red de comunicaciones del Centro de Procesamiento de Datos, la instalación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de Smartphones, con capacidad para espiar de manera simultánea 400 BlackBerry, 400 Iphone, 100 Symbian y 100 Android.
En los documentos se detallan las capacidades de espionaje del software: Los agentes podrán “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos [de los teléfonos y computadoras intervenidos]: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”. Además: “intercepción de audio ambiental”.
Todo lo anterior, sin que sea detectado por los usuarios espiados, y aunque éstos cuenten con aparatos encriptados, con antivirus y antiespías. Una de las características de Pegasus es, según los contratos, “ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”.
El primer pago a Security Tracking Devices, SA de CV, está amparado por el contrato 450000033, con folio SAITE-1203/2010. El 10 de septiembre se ejecutó la transferencia bancaria por 650 millones de pesos a la cuenta 65500952869 con número Clabe 014320655009528691 de la sucursal Lázaro Cárdenas (en Guadalajara, Jalisco) del banco Santander.
Ese primer contrato, firmado con el objetivo de “adquirir la primera fase del Sistema de Inteligencia Regional para incrementar las capacidades de la S-2 (Intl) EMDF”, ampara la adecuación del edificio del Centro de Comando y Control.
El edificio desde el que se opera Pegasus, según el contrato, cuenta con sistemas de videovigilancia, control de accesos y de “videoconferencia multipunto”. Además, un área de Control y Análisis con 104 pantallas led, 156 “posiciones de análisis y operación”, ocho impresoras de color láser; 156 estaciones de trabajo con pantalla dual de 17 pulgadas; nueve estaciones de trabajo para la jefatura, subjefatura oficinas administrativas y de mantenimiento, cinco impresoras multifuncionales; cuarto de servidores para la aplicación Pen Link y para la base de datos Oracle.
Asimismo, en el edificio sede de Pegasus se instalaron cuatro estaciones remotas de análisis de amplio espectro; una estación remota transportable montada en Shelter sobre tráiler y se le proveyó de estaciones móviles montadas en Van E-350 extendido, software TCI para el Centro de Comando y Control y redes para enlazarlo con las estaciones remotas y otras dependencias; servicio de internet de banda ancha por cable, entre otros bienes y servicios tecnológicos.
La segunda fase de Pegasus fue adquirida mediante el contrato 45500000007, con folio SAITE-539/2012, a mediados de 2012. Se transfirió a la misma cuenta citada de Security Tracking Devices 1 mil millones de pesos.
Esta segunda fase constó de la integración de una sala situacional del Subcentro de Control de Desastres; la instalación de un sistema de procesamiento de imágenes, un módulo central del Sistema de Procesamiento de Datos, y el Módulo Central de la Plataforma Pegasus “para la separación de ocho unidades operativas de monitoreo de smartphones” (sic).
Además, módulos operativos para las ocho estaciones de monitoreo de smartphones de la plataforma NSO Pegasus; módulos y componentes de las estaciones de trabajo”, entre otros bienes y servicios tecnológicos.
La tercera fase también se adquirió a finales de 2012 a la misma Security Tracking Devices. El contrato 45500000006, con folio SAITE-540/2012, ampara otra transferencia de la Sedena por 1 mil millones de pesos.
La fase final de la instalación de Pegasus consistió en la “instalación y puesta en operación de Pegasus Mobile Communication Solution para la Plataforma Iphone”, entre otros bienes y servicios adquiridos, además de la capacitación para el personal que lo operaría. Destaca la puesta en marcha de un “sistema táctico de imágenes a través de paredes”.
A estos contratos para la instalación de Pegasus en tres fases, se suman otros contratos intermedios para complementar la plataforma. Por ejemplo, el contrato 4500006718, con folio SAITE-1462/2010, celebrado el 21 de diciembre de 2010 por 300 millones de pesos, ampara la adquisición de un sistema de “designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular”. Esta tecnología tiene la capacidad de localizar y seguir 144 “objetivos”.
Otro contrato –4500006876, con folio SAITE-520/2011–, por 249 millones 999 mil 99.98 pesos, ampara la compra, el 25 de marzo de 2011, de “analizadores de espectros de comunicaciones y computadoras”.
Además, se destinaron otros 200 millones –contrato 4500006908, folio SAITE-556/2011– para reforzar el sistema de seguimiento mediante el sistema de designadores electromagnéticos. El pago se realizó el 1 de abril de 2011.
Por su parte, el contrato 4500000147 con folio SAITE-782/2011 ampara el pago de 1 mil 160 millones de pesos por un sistema procesador electromagnético. La transferencia se hizo el 27 de julio de 2011. En la descripción se señala:
“Un Módulo de Administración del Centro de Control de la Plataforma Pegasus; licenciamiento del software de administración de la solución de comunicación móvil de la plataforma Pegasus; un módulo de administración de agentes y usuarios de la Plataforma Pegasus […] un curso de entrenamiento en tácticas de análisis para un mínimo de cinco elementos”.
Con otro contrato –4500000525, folio SAITE-135/2011– se adquirieron ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. Se pagó 1 mil 160 millones de pesos y el instrumento fue firmado el 3 de noviembre de 2011.
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