Para la ministra Lenia Batres, la Corte fue incapaz de hacer una propuesta de reforma al Legislativo y los jueces se dieron el permiso de protestar mientras siguen cobrando los excepcionales salarios que reciben.
Además, se envió a los trabajadores a ejercer un permanente sabotaje a la discusión externa sobre la reforma.
“Todo esto ratifica la urgencia de reformar este poder”. En su columna publicada en el periódico El Universal, este domingo la ministra Lenia Batres señala que, al Poder Judicial de la Federación actualmente lo caracterizan muchos abusos que ha ido abordando a lo largo del año en su columna.
Expone que entre esos abusos se encuentran las extralimitaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la masacre legislativa que lleva a cabo desde el inicio del presente sexenio, con un incremento general de 74% de leyes declaradas inconstitucionales y 600% más sólo por “vicios en el procedimiento legislativo”, respecto de los periodos anteriores (1995 a 2018); la constante “reviviscencia” de leyes o normas expresamente derogadas o abrogadas, una nueva práctica de la Corte; la invención de un concepto de democracia, contra cuyas reglas (también inventadas por la Corte) califica la constitucionalidad de leyes; su falta de transparencia, como las sesiones cerradas de sus salas, en contravención constitucional; la ponderación de los derechos de las empresas por encima de los derechos universales de la población o la ausencia de protección al interés público o social, cuando se trata de resolver sobre fraudes administrativos o evasiones fiscales, así como despojos a ejidos o invasiones a áreas naturales protegidas.
Asimismo, señala que también se ha referido a extralimitaciones del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, como en la falta de paridad de género en sus órganos; el constante incumplimiento a las leyes que le son aplicables, como la de remuneraciones, la de presupuesto o la de austeridad; la interpretación abusiva de sus propias facultades, al otorgar suspensiones ajenas a la ley de amparo o de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional o dar a sus miembros interpretaciones que no aplica para el resto de los mexicanos, como en el trato de los trabajadores de confianza, a quienes ha retirado cualquier derecho adquirido, o a los trabajadores al servicio del Estado, como a policías y maestros, a quienes validó las reformas que les retiraron los derechos laborales, o a pensionados, que envió al régimen de cuentas de ahorro individualizado, mientras que a jueces, magistrados y ministros paga pensiones directamente de su presupuesto.
“En fin, el delirio que provoca tanta exención del régimen jurídico que les aplica a los otros poderes o a la sociedad en su conjunto, ha generado ahora que se esté excluyendo de las obligaciones laborales para protestar políticamente”.
“Incluso, que se pretenda dar validez jurídica a principios que permanentemente desechan respecto de los casos que resuelven, como la expectativa de derecho a la que ha pretendido dar valor de norma, cuando los trabajadores a quienes han presionado a manifestarse no obstante que no tienen afectaciones a sus derechos, dicen que la reforma les restringe su derecho a ser juez o magistrado en el futuro”, finaliza la ministra.
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