El 2 de octubre se cumplen dos años sin que Nuevo León tenga un fiscal general y parece que el lapso se podría prolongar, ya que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el nombramiento de Pedro Arce, designado el lunes pasado por el Congreso estatal, con lo que prevaleció la queja del gobernador Samuel García y se deberá reponer el proceso para elegir a un nuevo fiscal.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró fundado en el recurso de queja que interpuso el gobernador García Sepúlveda el pasado 23 de agosto. El asunto inició el 14 de febrero de este año.
La Segunda Sala declaró fundada la controversia constitucional presentada por el gobernador y ordenó la reposición del procedimiento para seleccionar al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
En junio dio tres días hábiles para que el Congreso estatal informara qué acciones había tomado para cumplir el fallo en la convocatoria para elegir al fiscal.
El gobernador alegó que en el proceso no se solicitó una carta de no antecedentes penales a los participantes, lo que obligó a la Comisión Anticorrupción del Congreso neoleonés a reponer el procedimiento para incluir esa carta.
En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Poder Legislativo de Nuevo León dejar insubsistente el acuerdo de 7 de agosto de 2024 y reanudar el procedimiento desde la etapa final, absteniéndose de diligencias o medidas ajenas a esa fase, por lo que sólo se está pendiente de elaborar la lista fundada y motivada con las personas aspirantes que cumplan con los requisitos constitucionales y legales.
La Segunda Sala de la SCJN explicó que, al fallar la controversia, se invalidó el acuerdo por el que la Comisión Anticorrupción del Congreso del estado modificó los términos de la convocatoria para eximir a los aspirantes de presentar la carta de no antecedentes penales, debido a que ese requisito se incluía en la convocatoria.
Con la intención de dar cumplimiento a la referida sentencia, el 7 de agosto de 2024 la Comisión Anticorrupción del Congreso local emitió un nuevo acuerdo en el que apercibió a los 42 aspirantes que no contaban con la carta de no antecedentes penales en su expediente para que subsanen la omisión, en el entendido de que, si el aspirante no da cumplimiento a dicho apercibimiento, se desechará de plano su solicitud.
Esta determinación incumple los requisitos previstos en la convocatoria, específicamente, la verificación de que, al momento de presentar su solicitud, el aspirante haya anexado la carta, por lo anterior, la medida excede los efectos de invalidez decretados en la controversia y establecer un plazo para que se subsane la omisión recae en un vicio análogo al que dio origen a la declaración de invalidez en la citada controversia.
Aclaró que, según la ejecutoria en la controversia 238/2022, ordena al Poder Legislativo dejar insubsistente el acuerdo de 7 de agosto de 2024 y reanudar el procedimiento desde la etapa final.
Para ello, debe abstenerse de efectuar diligencias o establecer medidas ajenas a esa fase, por lo que sólo se está pendiente de elaborar la lista fundada y motivada con las personas aspirantes que cumplan con los requisitos constitucionales y legales.
Recientemente, en una entrevista, Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno considero que el Congreso de Nuevo León debe tomar en cuenta la lista de los 11 o 12 finalistas que sí cumplieron al 100% con los requisitos y que es mentira que sean perfiles afines al gobernador Samuel García Sepúlveda, y agregó que comenzar un nuevo proceso con la nueva legislatura, violentaría la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras la resolución de la Suprema Corte, diputados locales del PRI defendieron el nombramiento de Pedro Arce argumentando que éste obtuvo la carta de no antecedentes penales mediante un amparo, al tiempo que deben esperar la resolución para hacer un mayor análisis del caso.
Itzel Castillo, diputada local del PAN, aclaró que Arce Jardón sigue firme hasta que la Corte de Justicia notifique debidamente al Congreso.
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