El Congreso está lejos de ser un espacio de disputa de ideales o de propuestas legislativas. Hoy es una máquina de reformas dirigidas a desarmar a sus opositores. Esta vez, el objetivo es el Poder Judicial.
En estos días se debate una nueva reforma constitucional que, en lugar de proteger nuestros derechos, busca blindar cualquier cambio a la Constitución contra la revisión judicial, dejando a los ciudadanos sin posibilidad de defensa ante modificaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales.
UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA BLINDAR REFORMAS CONSTITUCIONALES
¿Qué implica la reforma que Morena y sus aliados buscan aprobar? En pocas palabras, impedir que el Poder Judicial revise o invalide cualquier cambio a la Constitución que impulse Morena o, en un futuro, cualquier otra fuerza política.
Las reformas constitucionales, según esta nueva propuesta, serían incuestionables e inatacables, sin importar su contenido, su procedencia o si fueron aprobadas con irregularidades.
Bajo esta lógica, la Constitución misma perdería su papel de guía suprema, quedando como un simple texto moldeable al capricho del partido en turno.
Esta estrategia, dicen sus defensores, permitiría ejecutar “la voluntad del pueblo” sin obstáculos.
Pero en realidad, sus implicaciones son más serias: acallar voces críticas, reducir derechos y neutralizar cualquier intento de frenar reformas perjudiciales.
Morena ha intentado, de manera constante, subordinar al Poder Judicial, sea mediante recortes presupuestales drásticos, la eliminación de fideicomisos, o crear un nuevo tribunal disciplinario.
Este nuevo golpe, sin embargo, va mucho más allá, pues no solo afecta la operación del Poder Judicial, sino su misma razón de ser: ser el guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
EL TRASFONDO DE LAS DECISIONES DE LA SUPREMA CORTE
La enemistad entre el Ejecutivo y la Suprema Corte no es nueva. Desde que la ministra Norma Piña asumió la presidencia, el Poder Judicial ha tomado decisiones contrarias a la voluntad presidencial al rechazar varias reformas del gobierno, como el Plan B en materia electoral, la militarización de la Guardia Nacional y los cambios en el sector energético.
Estas decisiones han incomodado al oficialismo, al grado de que Palacio Nacional convirtió en prioridad atacar a la Corte, presentándola como un obstáculo para sus planes de “transformación”.
Ahora, ante la imposibilidad de controlar las decisiones judiciales, Morena opta por un ataque más radical: despojar a los mexicanos de sus herramientas para frenar el poder absoluto ante cambios constitucionales.
¿QUÉ PASARÍA SI SE APRUEBA ESTA REFORMA?
Los efectos de esta reforma tienen muchos riesgos para la democracia mexicana.
Durante el debate en el senado, Ricardo Anaya compartió algunos escenarios:
- Si el oficialismo decide aprobar una reforma constitucional sin el debido proceso, ocultando el dictamen o impidiendo que la oposición lo conozca, el Poder Judicial no podría intervenir para corregir la ilegalidad.
- En el caso de una votación dudosa, donde no se alcance la mayoría calificada, Morena podría afirmar que se logró, y no habría manera de contradecirlo mediante recursos judiciales.
- Si un Congreso local aprueba una reforma sin el número suficiente de legisladores presentes, esa irregularidad no podría ser impugnada, aunque violara la ley de manera flagrante.
Con estas “reformas de blindaje”, el mensaje de Morena es claro: no quiere límites, ni revisiones, ni balances.
¿SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL O ABUSO DE PODER?
Los promotores de esta reforma la han llamado de “supremacía constitucional”.
Sin embargo, bajo ese nombre se esconde una agenda de poder absoluto.
En lugar de una Constitución cada vez más robusta y protectora, México tendría una fuerza política que la moldearía a conveniencia.
La Constitución pasaría de ser un pacto social que establece los derechos y obligaciones de todos, a consolidarse como una herramienta del poder. Esta reforma no se produce en un vacío.
Llegó después de recortes históricos al presupuesto judicial, de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial y de aprobar reformas que limitan la capacidad de jueces para emitir suspensiones en casos de interés público.
Todo esto, sumado a la intención de someter a elección más de 1,600 cargos judiciales, hace evidente el objetivo de Morena: un control total sobre el último poder que no han podido doblegar.
¿Y la justicia? Ya será en otra ocasión.
DEFENDER LA DIVISIÓN DE PODERES ES DEFENDER NUESTROS DERECHOS
La reforma propuesta por Morena representa una amenaza directa al sistema de contrapesos que garantiza nuestros derechos.
En caso de aprobarse, abre otra puerta para consolidar un régimen sin límites, donde los derechos y las leyes son flexibles, mientras sirvan al poder.
Si, en México necesitamos poderes fuertes e independientes, pero ninguno por encima de la Constitución y mucho menos de nuestros derechos.
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