Las presiones ejercidas por el gobierno de Donald Trump para que sus tropas militares y agencias policiales y de inteligencia estadunidenses operen con impunidad en territorio nacional, en abierta violación a la soberanía e independencia, bajo el argumento falaz de combatir a cárteles de la droga, son promovidas en campañas mediáticas e impulsadas por el PAN y el PRI, a fin de debilitar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y darle oxígeno a grupos políticos de derecha.
Ese injerencismo estadunidense ha causado efectos y nerviosismo entre políticos, servidores públicos, legisladores, partidos y empresarios, quienes son amenazados de haber ser incluidos en carpetas de investigación abiertas por órganos policiales como la DEA o en los departamentos de Justicia, del Tesoro y de Estado del vecino país.
Las amenazas para algunos es que recibieron financiamientos ilícitos en campañas políticas; otros que participaron en reuniones con supuestos lavadores de dinero y unos más que mantienen vínculos de negocios con integrantes del crimen organizado para el tráfico de combustibles y contrabando de mercancías.
Aunque algunos medios han publicado listas apócrifas de políticos involucrados, éstas han sido desmentidas desde la Presidencia de la República y también por las mismas autoridades estadunidenses. ,
Sin embargo, sabemos que entre 2017 y 2018, en Estados Unidos se abrieron carpetas de investigación en contra de candidatos que participaron en campañas políticas y se integraron expedientes desde antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República, por el supuesto financiamiento con dinero de origen supuestamente ilícito proveniente del narcotráfico, del huachicol de combustibles petrolíferos y de sobornos y extorsiones.
Esas indagatorias de las agencias estadunidenses que arrancaron en 2017, se centran en un ostentoso empresario que mantenía contacto y negociaciones con funcionarios de los tres niveles de gobierno, con políticos y hasta con legisladores, lo que lo colocó en el radar de las autoridades del vecino país, porque lo mismo traficaba combustibles robados por el crimen organizado, contrabandeaba mercancías por diversas aduanas del país (Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Sonora) y servía de intermediario entre narcotraficantes y gobernadores y alcaldes.
Ese expediente estadunidense corresponde a Sergio Carmona Angulo, empresario que fue asesinado la tarde del 22 de noviembre de 2021, cuando lo atendían en una barbería del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a plena luz del día, y cuyo video del momento de la agresión está en poder de los órganos de inteligencia de México y de Estados Unidos, y una copia de esa grabación en donde dos sicarios cometen el crimen también está en poder de esta columna.
En dicho video se ve a Carmona recostado en un sillón de la peluquería, cuando dos hombres armados con pistolas ingresan al local, por lo que el empresario levanta la cabeza y sin poder moverse observa como uno de los dos sicarios le apunta con su arma y le dispara en 4 ocasiones al cuerpo y la cabeza. Carmona queda tendido en el sillón.
El segundo hombre armado vigila el entorno y advierte en voz alta: “todos tranquilos, no se muevan”. En la barbería hay un hombre con su pequeño hijo en un sillón y al momento de la agresión lo cubre con su cuerpo y le tapa con la mano derecha los ojos para que no vea la escena, mientras que el niño con voz temblorosa le implora irse del lugar: “ya vámonos papá”. Hay tres peluqueros que se quedan de pie totalmente inmóviles y un cliente más permanece aterrado sentado en otro sillón. Al fondo del establecimiento tres empleados más se ocultan de inmediato.
La escena dura escasos 20 segundos y al huir los dos sicarios que portan cubrebocas, alcanzan a decir: “quietos, nadie se mueva, tranquilos”, y salen caminando aprisa del lugar. En 2021, año de ese crimen, el mundo estaba en plena pandemia, y prácticamente toda la población portaba cubrebocas, así que cuando entran ambos sicarios parecía algo normal, hasta que sacan sus armas y cometen la agresión.
En el expediente de las indagatorias estadunidenses aparecen nombres de supuestos beneficiarios del dinero que aportaba el empresario asesinado y cuyo origen del recurso es desconocido. Entre los que están en esa investigación hay un secretario de Estado de la actual administración; cinco gobernadores de Morena; alcaldes de Tamaulipas y también generales que estuvieron en importantes cargos de seguridad pública e inteligencia; legisladores y empresarios vinculados en negocios con Petróleos Mexicanos.
Esta indagatoria sobre Sergio Carmona que lleva 8 años integrándola el gobierno estadunidense, es la causa de serias preocupaciones de varios políticos y servidores públicos que en algún momento tuvieron desde encuentros fortuitos o reuniones bien planeadas en donde se discutían negocios sucios con el benefactor empresario.
Únete al canal de WhatsApp de El Independiente y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
