Dos casos recientes vuelven a poner bajo la lupa a figuras públicas de la autodenominada Cuarta Transformación. La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, enfrentan cuestionamientos sobre el origen de bienes costosos y la opacidad en su información patrimonial.
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, fue exhibida en redes sociales por portar un collar de la marca Van Cleef & Arpels valuado en 227 mil pesos. La pieza, que se volvió viral tras ser difundida por el portal Acapulco Trends, desató indignación entre los ciudadanos debido a su elevado costo, especialmente en un municipio con severos rezagos y devastado aún por los estragos de Otis.
Lejos de ofrecer una explicación administrativa o prudente, López Rodríguez respondió con una frase que rápidamente se volvió símbolo de soberbia política: “¿Yo qué culpa tengo de que haya un pueblo que me ame y me regale cosas?”, declaró, intentando justificar la joya como un obsequio popular.
De acuerdo con información publicada por EMEEQUIS, la funcionaria enfrenta desde hace meses denuncias de la Auditoría de Guerrero por presunto ejercicio ilícito del servicio público. Las observaciones, por un monto de 898 millones de pesos, se refieren a recursos no aclarados del ejercicio 2022.
En su defensa, la alcaldesa afirmó que los informes de comprobación los presentó únicamente ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que las observaciones estatales ya fueron solventadas. El gobierno municipal aseguró en septiembre que se aclararon más de 520 millones de pesos y que “no hay observaciones pendientes”.
Sin embargo, el tema del collar, más allá de su valor monetario, reabre el debate sobre la ética pública y la distancia creciente entre el discurso de austeridad y las prácticas de lujo que exhiben algunos funcionarios.
EL DEPARTAMENTO INVISIBLE DE RAQUEL BUENROSTRO
Por su parte, Raquel Buenrostro, hoy titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, enfrenta cuestionamientos por un departamento que vendió en 9 millones 400 mil pesos, pese a que nunca lo registró en sus declaraciones patrimoniales de 2018 a 2024.
De acuerdo con una revisión de EMEEQUIS, la funcionaria reportó la venta en su declaración patrimonial de 2025, entregada el 30 de mayo, donde reconoció ingresos totales por más de 9 millones de pesos derivados de la enajenación de bienes. Entre ellos, un inmueble por 8.6 millones y un vehículo por 250 mil pesos.
El problema es que ese mismo bien nunca apareció como parte de su patrimonio en los años anteriores, lo que sugiere una omisión grave en el deber de transparencia de una funcionaria cuyo cargo precisamente exige rendición de cuentas. El departamento, de 149 metros cuadrados, habría sido vendido el 7 de mayo de 2024 mediante crédito a una persona física.
En su declaración, Buenrostro también informó un ingreso neto anual de 1 millón 903 mil pesos por su cargo público, además de rendimientos financieros menores. Pero el ingreso extraordinario por la venta del departamento encendió las alarmas: ¿cómo puede vender un inmueble que nunca declaró poseer?
TRANSPARENCIA EN ENTREDICHO
El caso de Buenrostro se suma a una serie de inconsistencias detectadas en las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios del actual gobierno. EMEEQUIS documentó también los casos de Gerardo Fernández Noroña, quien reportó la compra de una casa en Tepoztlán por 12 millones de pesos, y de Adán Augusto López, señalado por discrepancias en sus declaraciones fiscales y patrimoniales entre 2023 y 2025.
Ambos negaron irregularidades, pero los hechos refuerzan la percepción de que la 4T atraviesa una crisis de credibilidad en materia de ética pública.
ENTRE LA OPULENCIA Y EL DISCURSO DE AUSTERIDAD
Las historias de Abelina López y Raquel Buenrostro comparten un denominador común: la contradicción entre la retórica oficial de honestidad y la vida pública que exhiben algunos de sus representantes.
En un contexto donde millones de mexicanos enfrentan dificultades económicas, el collar de lujo “regalado por el pueblo” y el misterioso departamento no declarado refuerzan la sensación de impunidad que corroe a la administración pública.
Mientras tanto, los organismos de fiscalización y los comités anticorrupción exigen explicaciones más claras y sanciones ejemplares. Porque más allá del valor de las joyas o los metros cuadrados, lo que está en juego es la confianza ciudadana en las instituciones que dicen combatir la corrupción.
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