Comunidades y especialistas de la sociedad civil mexicana presentaron este martes un informe que documenta graves violaciones a derechos humanos y daños ambientales irreversibles asociados a la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. La exposición se realizó durante una conferencia en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, en Ciudad de México.
La Misión de Observación, integrada por organizaciones de base, académicos y representantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), señaló que el megaproyecto ha provocado “profundas transformaciones territoriales y una sistemática violación de los derechos humanos en la región”. Entre las principales denuncias se encuentran la división comunitaria, estrategias de cooptación atribuidas a actores estatales y un aumento de la violencia desde 2020, incluyendo asesinatos, desapariciones y ataques a trabajadores vinculados a la obra.
Los observadores destacaron que la presencia militar en la zona ha alterado radicalmente la vida comunitaria y coincide con un incremento en delitos como tráfico de drogas y trata de personas. En el ámbito ambiental, reportaron la pérdida de al menos 20 millones de árboles en los tramos 5, 6 y 7, así como la destrucción de ecosistemas, nidos de aves y hábitats de fauna protegida como el jaguar. También registraron la afectación de aproximadamente 130 cenotes y cavernas, algunos perforados o rellenados para continuar con la obra.
El informe alertó además sobre la instalación de cerca de 15.000 cimientos de acero y concreto directamente en el acuífero, lo que estaría generando contaminación significativa en uno de los sistemas hídricos más importantes del país.
En lo social y jurídico, la Misión sostuvo que la consulta realizada en 2019 a los pueblos indígenas no cumplió con los estándares internacionales de ser libre, previa e informada. Asimismo, acusó al proyecto de fragmentar estudios ambientales para minimizar el impacto real de la obra.
Francesco Martone, juez del TIDN, recordó que en 2023 el tribunal calificó al Tren Maya como un proyecto “etnocida y ecocida”, y exigió al Estado mexicano su suspensión inmediata, la desmilitarización de la zona y la reparación de los ecosistemas afectados.
Finalmente, los participantes advirtieron que otros megaproyectos en curso —como el Corredor del Atlántico y la conexión ferroviaria hacia Panamá— podrían generar impactos similares si no se garantizan mecanismos adecuados de protección ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.
El Tren Maya, impulsado como proyecto prioritario por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contempla 1.554 kilómetros de vías a través de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y ha sido objeto de críticas de organizaciones civiles e indígenas por sus efectos ecológicos y sociales.
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