Esta mañana, víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de que no sólo se indemnice a las personas involucradas en percance, sino que se esclarezcan las causas del accidente y se evite que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
En conferencia de prensa, ofrecida en la entrada del organismo autónomo, Adrián Arellano, abogado del despacho Vega McGregor Arellano, explicó que la denuncia se basa en información de conocimiento público y en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que desde 2019 y hasta febrero de 2025 documentaron irregularidades en la supervisión, construcción y rehabilitación del tramo ferroviario. Subrayaron que está acción no busca señalar a algún servidor público en específico ni politizar el caso, sino dar voz a las personas afectadas.
La denuncia menciona, en esta primera etapa, a Comsa Infraestructuras S.A. DE C.V. , Grupo Constructor Diamante S.A. DE C.V. y Daniferrotools S.A. DE C.V., en los informes de la Auditoría como principales contratistas, aunque el abogado aclaró que la investigación podría ampliarse conforme avance el proceso.
Las víctimas representadas son Juan Manuel Iglesia, su esposa Flor del Carmen Temích Sinta y su hijo Alexis Iglesia Temích, una familia misionera de Ciudad Juárez que viajaba rumbo a Oaxaca con ayuda humanitaria. Desde su ciudad, Juan Manuel relató, por medio de una videollamada, que él y su familia resultaron lesionados y recordó que 14 personas murieron en el accidente.
“Cualquier funcionario, aquí no hay, no debe haber un trato excepcional a ciertos personajes públicos. Aquí el que omitió su su trabajo, aquel que se prestó a la corrupción, debe de caer. Es por eso que esta demanda no es simplemente, ya me sané, ya me curé, lo olvido. No, esto debe ser un precedente de que todo mexicano tiene derecho a exigir justicia. ”, mencionó tajantemente.
Detalló que su hijo requirió cirugía en un brazo y aproximadamente 18 puntos de sutura en la cabeza, mientras que él sufrió una lesión de segundo grado en el tobillo y su esposa resultó afectada de las primeras cervicales. Además, contó que las consecuencias pudieron ser fatales, pues se encontraban en el vagón que cayó al precipicio.
“Ahí andaba yo, ahí estaba mi hijo, ahí estaba mi esposa. Cuando rescaté a mi hijo, la niña de 6 años estaba debajo de mi hijo. Vi personas gritar, vi gritar desesperadamente por salvar su vida.”, describió.
Sobre la reparación del daño, el equipo de Vega McGregor Arellano indicó que será la Fiscalía quien determine si se realizará de manera individual o colectiva y quién deberá asumirla, una vez que existan dictámenes periciales, pues las autoridades tampoco han establecido comunicación para atender el caso antes de llegar a la instancia penal, incluso refirió que las víctimas calificaron la primera atención como “lenta e inadecuada”. Por ahora, lo que buscan es que se esclarezcan las causas por las cuales ocurrió este siniestro.
“No estamos ofreciendo aún datos de prueba. Lo que se ofreció es lo que hay del conocimiento de la opinión pública y nos estamos basando en el informe de la Auditoría Superior de la Federación para que la Fiscalía sea quien recabe toda esta información y se pueda esclarecer el hecho”, señaló otro de los abogados encargados del caso.
El despacho anunció que brindará asesoría jurídica gratuita a otras víctimas y llamó a abogados y colegios a sumarse para que el caso no quede en el olvido. La exigencia central es llegar a la verdad, el acompañamiento a las víctimas y garantías de que un hecho de está índole no vuelva a ocurrir.
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