La Iglesia católica de México manifestó su oposición a la propuesta legislativa que busca redefinir el concepto de muerte digna en el Senado de la República. A través del semanario Desde la fe, la Arquidiócesis de México calificó como un sofisma la idea de que una vida con sufrimiento carece de valor; la institución religiosa argumentó que todo ser humano posee dignidad propia y tiene el derecho inalienable a conservar su existencia sin importar las dolencias.
La activista Samara Martínez, quien padece una enfermedad terminal, encabeza el impulso de la denominada Ley Trasciende para legalizar la asistencia médica en el deceso. Esta iniciativa pretende despenalizar el auxilio para morir ante padecimientos que resulten irreversibles; el proyecto encara fechas críticas en la Cámara Alta, con diálogos programados para el 16 de abril y mesas de discusión técnica hacia finales del mes.
El órgano eclesiástico recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación distingue el concepto de bien morir de la interrupción anticipada de la vida. Según la postura católica, los tratados internacionales y estudios jurídicos asocian la muerte digna con el acompañamiento integral del paciente; por ello, la jerarquía religiosa defiende que el enfoque estatal debe centrarse en procurar una vida digna hasta el final natural.
La Comisión Nacional de Bioética coincide en que el proceso terminal requiere cuidados paliativos para suprimir el malestar físico de los enfermos. La Iglesia enfatizó que, al eliminar el dolor, las personas desisten del deseo de fallecer, por lo cual la prioridad debe ser combatir el sufrimiento y no al doliente; actualmente, las cifras indican que apenas el 5 por ciento de los pacientes en fase terminal acceden a estos servicios en el país.
Mientras el debate avanza, 20 entidades federativas ya cuentan con normas de voluntad anticipada que permiten rechazar tratamientos médicos en situaciones críticas. Martínez busca obtener el dictamen positivo de su propuesta antes del 30 de abril para asegurar su progreso en el siguiente ciclo legislativo; sin embargo, la oposición clerical mantiene su exigencia de fortalecer la atención médica en lugar de legalizar la eutanasia.
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