El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ajustó la Reforma Judicial de 2024 con el firme propósito de mejorar sus candidatos al Poder Judicial a fin de que en 2027 y 2030 siga manteniendo el control como hasta ahora ha hecho, advierten polítólogos y analistas.
Se trata de una iniciativa de proyecto por el que se reforman los artículos 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de elección a cargos del Poder Judicial.
En la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el principal planteamiento es que los candidatos sean personas probas, capaces de desempeñar los cargos y con una trayectoria que no sea cuestionada por los órganos electorales y los legisladores de oposición.
Esta reforma fue suscrita y presentada por los diputados Alfonso Ramírez Cuellar, Mariana Benítez Tiburcio, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Vázquez Vázquez.
Cabe destacar que uno de los puntos centrales de esta iniciativa es la eliminación del vínculo con el calendario electoral federal, situación que permite abrir la puerta a la reprogramación de la elección judicial.
Al respecto, Morena propuso que el siguiente proceso se lleve a cabo en 2028 bajo la premisa de que se requiere tiempo para elaborar e implementar un modelo más técnico y avanzado de selección.
Dicho cambio impactaría directamente a los aspirantes a cargos judiciales y al calendario de renovación del Poder Judicial.
Lo cierto es que legisladores morenistas presentaron una iniciativa para realizar distintos cambios a la reforma judicial vigente, entre los que destaca cambiar la forma de elegir a los candidatos a jueces y posponer la elección judicial para 2028.
Lo anterior se concretó tras el rechazo en la reforma electoral al modificar la fecha, como se propuso durante las discusiones para no coincidir con las elecciones de 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas.
Al respecto, analistas políticos como Pedro Villamar Lozano reconocen que ante ese escenario, la iniciativa propone aplazar la próxima elección judicial hasta junio de 2028, con el fin de separar estos comicios del calendario electoral político y permitir una deliberación pública más centrada en los méritos técnicos.
Sin embargo, entre los cambios más relevantes destaca la eliminación del requisito de promedios académicos como criterio de selección para aspirantes al Poder Judicial.
También se plantea un sistema obligatorio de certificación de competencias, que sería emitido por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Otro punto a resaltar en la iniciativa es la aplicación de exámenes de conocimiento diseñados por esta institución y aplicado por universidades públicas, con la meta de garantizar evaluaciones homogéneas y especializadas.
Lo cierto es que en términos constitucionales, la propuesta contempla reformas a los artículos 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122, que abarcan desde requisitos de elegibilidad hasta el funcionamiento interno de los órganos judiciales y sus procesos de selección.
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