El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la que lo vincula con actividades de narcotráfico asociadas a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento judicial, integrantes de este grupo criminal habrían intervenido en el proceso electoral que llevó a Rocha Moya al poder, mediante robo de urnas y actos de intimidación contra candidatos opositores. A cambio, según la acusación, el entonces candidato y posteriormente gobernador habría sostenido reuniones con líderes del grupo para garantizar condiciones favorables a sus operaciones.
La investigación señala que antes de las elecciones de 2021, Rocha Moya presuntamente se reunió con Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín Guzmán Loera, en encuentros donde se habría pactado apoyo electoral a cambio de permitir la expansión de las actividades delictivas del grupo.
El expediente también describe una supuesta red de colaboración desde el gobierno estatal. Entre los señalados se encuentra Enrique Inzunza Cázarez, acusado de coordinar reuniones con líderes del cártel; Gerardo Mérida Sánchez, quien presuntamente recibía sobornos para alertar sobre operativos; y Dámaso Castro Zaavedra, señalado por filtrar información sensible a cambio de pagos.
Además, se menciona a Enrique Díaz Vega, exfuncionario estatal, quien habría proporcionado datos de opositores políticos para facilitar amenazas y presiones durante el proceso electoral.
Los cargos incluyen conspiración para traficar drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como posesión de armamento de alto poder. También se señala la presunta participación de autoridades locales en hechos de violencia, entre ellos el secuestro y asesinato de un informante de la Drug Enforcement Administration y un familiar en 2023.
Según la fiscalía estadounidense, esta red de corrupción habría permitido al grupo criminal mantener control sobre instituciones de seguridad en Sinaloa, facilitando sus operaciones y el envío de drogas hacia territorio estadounidense.
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