A más de dos semanas de la salida de Citlali Hernández, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal continúa sin titular.
La dependencia creada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para presumir una nueva etapa en la política de igualdad y combate a la violencia de género permanece bajo esquemas administrativos provisionales, mientras en el país siguen acumulándose feminicidios, desapariciones de mujeres, agresiones y decisiones judiciales que dejan en libertad a presuntos agresores.
La ausencia de una designación definitiva no es un asunto menor ni burocrático.
Se trata de la institución que sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres y que, desde el 1 de enero de 2025, tiene el mandato de diseñar, coordinar y evaluar las políticas públicas relacionadas con igualdad sustantiva, prevención de la violencia y protección de derechos de las mujeres.
Es decir, la dependencia encargada de conducir la estrategia nacional frente a una crisis estructural que el propio Estado mexicano reconoce desde hace años.
Sin embargo, mientras el gobierno federal mantiene un discurso permanente sobre el “tiempo de mujeres”, la Secretaría encargada precisamente de atender esa agenda se encuentra sin cabeza visible y sin señales claras de urgencia política para resolver el vacío.
La salida de Citlali Hernández ocurrió en medio de ajustes internos de Morena y de su incorporación a tareas partidistas.
El relevo, hasta ahora, parece no haber sido prioritario. Y eso ocurre en un contexto donde México continúa registrando niveles alarmantes de violencia feminicida, desapariciones y denuncias de impunidad.
Las cifras oficiales siguen mostrando una realidad crítica: asesinatos de mujeres, redes de trata, violencia familiar desbordada y casos donde jueces y fiscalías terminan exonerando o liberando a presuntos responsables por fallas procesales, corrupción o falta de perspectiva de género.
En ese escenario, mantener acéfala a la principal institución federal en materia de derechos de las mujeres proyecta un mensaje político contradictorio.
Más aún cuando la propia creación de la Secretaría fue presentada como uno de los grandes símbolos del gobierno de Sheinbaum.
La reforma constitucional impulsada desde octubre de 2024 fue vendida como una transformación histórica para elevar el rango institucional de las políticas de género.
Pero hoy, en los hechos, la nueva dependencia enfrenta el riesgo de convertirse en un cascarón burocrático sin conducción definida.
IMPLICACIONES INTERNACIONALES
La situación también tiene implicaciones internacionales. México mantiene compromisos derivados de tratados y mecanismos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obligan al Estado a garantizar políticas efectivas de protección y acceso a la justicia.
La falta de liderazgo en la Secretaría ocurre justo cuando organismos internacionales han insistido en las deudas estructurales del país en materia de violencia de género.
Especialistas en políticas públicas y derechos de las mujeres han advertido que el nombramiento no puede reducirse a una cuota política o a un movimiento interno de Morena.
La antropóloga Marcela Lagarde, una de las principales referentes del feminismo mexicano y promotora del concepto jurídico de feminicidio, ha sostenido que los espacios institucionales vinculados a igualdad sustantiva requieren liderazgos con legitimidad social, capacidad política y conocimiento profundo de las realidades que enfrentan las mujeres.
Es decir, no basta con colocar a una figura cercana al poder presidencial.
La Secretaría requiere una titular con autoridad política, capacidad de interlocución con colectivos feministas y experiencia frente a las complejas realidades territoriales del país.
En ese contexto, comenzó a mencionarse el nombre de la senadora chiapaneca Sasil de León.
Legisladora en la LXVI Legislatura y mujer indígena maya ch’ol, De León representa un perfil que algunos sectores consideran competitivo por su experiencia legislativa y por provenir de una de las entidades con mayores índices de pobreza y violencia contra las mujeres.
Su paso por comisiones vinculadas a igualdad de género, asuntos indígenas y desarrollo social le ha permitido construir presencia política en esos temas.
Además, actualmente participa en las comisiones de Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social del Senado, espacios donde ha desarrollado tareas de negociación y construcción de acuerdos.
El componente simbólico tampoco es menor.
La posibilidad de que una mujer indígena encabece la Secretaría tendría una carga política importante en un país donde las brechas de desigualdad golpean con mayor fuerza a mujeres indígenas y rurales.
Pero mientras los nombres circulan y las decisiones se analizan dentro de Palacio Nacional y la estructura de Morena, la Secretaría sigue sin titular y sin conducción clara.
La indefinición se prolonga en momentos donde las colectivas feministas denuncian retrocesos, familias buscan a mujeres desaparecidas y organizaciones reclaman mayor capacidad institucional para atender la emergencia nacional de violencia de género.
La contradicción es evidente: el gobierno que presume haber inaugurado una nueva era para las mujeres mantiene acéfala la principal dependencia encargada de protegerlas.
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