La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el Administrador para el Control de Drogas de los Estados Unidos, anunciaron de forma conjunta que fue descalificada la acusación que el gobierno de los Estados Unidos, imputó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y otros nueve coacusados por conspirar con los líderes del Cártel de Sinaloa.
Lo anterior se explicó es entre otras actividades ilícitas es por sus nexos con el crimen organizado al importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Al respecto, Jay Clayton, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. («DEA»), Terrance C. Cole, hicieron publica la desclasificación de una acusación que acusa a RUBEN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE DÍAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES, ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, también conocido como «Cholo, » GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, también conocido como «Tornado», JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDIVIL y JUAN VALENZUELA MILLAN, también conocido como «Juanito».
A todos ellos, se les imputan cargos por los delitos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
Cabe destacar que MILLAN también está acusado de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente, que resultaron en su muerte.
Se dio a conocer que los acusados son todos altos funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden en el Estado mexicano de Sinaloa («Sinaloa»), incluido el actual gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA,
«El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas», dijo el fiscal federal Jay Clayton.
«Tal y como queda al descubierto la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de tráfico de drogas similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y agentes de la ley corruptos en su nómina. El apoyo a funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su título o posición, estamos comprometidos a llevarle ante la justicia».
Ayer se argumentó que el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la violencia y obtener beneficios», dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole.
Tales cargos exponen un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados supuestamente usaron posiciones de confianza para proteger las operaciones del cártel, permitiendo así un flujo de drogas mortales en nuestro país.
Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha trabajado con elementos criminales de todo el mundo—productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en toda Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de productos químicos precursores en China y otros lugares—para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos e infligir graves daños a comunidades de todo el país.
Dicha organización criminal también ha llevado a cabo una violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en todo México y en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.
Para proteger y hacer crecer este imperio narcotráfico, el Cártel supuestamente se ha asociado con políticos corruptos y agentes de la ley, incluidos los acusados.
En tanto, el gobierno de México exigió una vez al Departamento de Estado de los Estados Unidos, entregue las pruebas que afirmar tener respecto de los cargos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de otros nueve funcionarios acusados de conspirar y servir al Cártel de Sinaloa desde nuestro país.
Como se recordará, el gobierno del presidente Donald Trump cumplió su amenaza de ir directa y frontalmente en contra de altos funcionarios relacionados por presuntos vínculos con grupos criminales.
De esta forma, el Departamento de Justicia publicó una imputación explosiva contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, algunos de sus colaboradores más cercanos y otros políticos sinaloenses abanderados por el partido en el poder, en la cual los acusó de apoyar al Cártel de Sinaloa.
Al respecto, la Corte del Distrito Sur de Nueva York argumentó que derivado del testimonio de detenidos y procesados en los Estados Unidos, estos habrían señalado a Rocha Moya por proteger y colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Entre los involucrados destaca el senador morenista Enrique Inzunza Cazarez, otrora secretario general de Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, o el secretario de finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, así como encargados de seguridad de la entidad, como el vicefiscal Damaso Castro Zaavedra– de abusar de su autoridad para beneficiar al grupo criminal, a cambio de sobornos millonarios.
De igual forma, ayer fueron refrendados los argumentos de la oposición que acusan a Morena de haber tejido alianzas con el crimen organizado.
RONALD JOHNSON SE DEMARCA DE LAS IMPUTACIONES
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson al conocer de lo sucedido aseguró que no puede hacer comentarios específicos sobre los políticos de Sinaloa, pero recalcó que “la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”.
Apenas la semana pasada, mientras inauguraba una planta de fertilizantes en Sinaloa, el mismo Johnson ya había dejado en el aire la amenaza de que su gobierno iría contra los funcionarios corruptos de México. “Es posible que pronto veamos medidas significativas en este sentido”, sentenció el embajador, y agregó: “estén atentos”.
Un día antes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública el acta de imputación donde acusa al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y políticos cercanos al morenista de trabajar con el Cartel de Sinaloa, el gobierno de Donald Trump envió “solicitudes de detención” al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, aunque la Cancillería comentó que estas peticiones no cuentan con “elementos de prueba”.
SRE REVIRA Y ARGUMENTA QUE EU NO PRESENTÓ PRUEBAS
La Cancillería mexicana respondió ayer que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, a la vez que aseguró que no se presentaron «pruebas».
Cabe destacar que la SRE recibió el pasado 28 de abril las solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que, conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.
Fuente: Fiscalía del Sur de Nueva York y Medios de EU.
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