La presidenta Claudia Sheinbaum inició este martes su conferencia matutina con un nuevo posicionamiento sobre la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, aunque, pese a que un día antes había adelantado que se presentaría un informe sobre el caso, éste nunca llegó.
En su lugar, el Gobierno federal reiteró que sigue sin contar con información suficiente por parte de Estados Unidos, cuestionó la versión ofrecida por el exembajador Ken Salazar y exigió nuevamente una explicación oficial sobre el operativo que terminó con el traslado del capo a territorio estadounidense en julio de 2024.
La mandataria dejó claro que la principal interrogante sigue siendo la misma: ¿quién mintió? Recordó que el entonces embajador Ken Salazar aseguró públicamente que ninguna agencia estadounidense había participado en la captura de Zambada, mientras que recientemente el FBI se atribuyó el aseguramiento de la aeronave utilizada para trasladar al líder del Cártel de Sinaloa, revelación difundida por el periodista Luis Chaparro y posteriormente confirmada por la propia agencia al incorporar el avión a un museo en Nuevo México.
«La primera pregunta es: ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? Porque si participó una agencia de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos», expresó Sheinbaum durante la conferencia.
Aunque se esperaba un reporte con nuevos elementos sobre la investigación, el Gobierno federal únicamente reiteró las acciones emprendidas desde la administración anterior para solicitar información a Washington, sin presentar respuestas concretas.
La sensación que dejó la conferencia fue que, a casi dos años de la captura del narcotraficante, las autoridades mexicanas continúan sin conocer oficialmente cómo ocurrió el operativo.
ROSA ICELA RODRÍGUEZ ENUMERÓ EL MARCO JURÍDICO
Fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien ocupó buena parte de la explicación institucional.
La funcionaria enumeró el marco jurídico que, de confirmarse la participación del FBI sin autorización del Gobierno mexicano, habría sido vulnerado.
Según expuso, una intervención de agentes estadounidenses en territorio nacional representaría una posible violación a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional.
«De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México, representa una violación al derecho internacional y al marco constitucional mexicano», sostuvo la titular de Gobernación.
Sin embargo, más allá de enlistar las posibles normas infringidas, el Gobierno no presentó pruebas adicionales ni anunció medidas concretas en caso de confirmarse la participación estadounidense.
GARCÍA HARFUCH, EVITÓ ESCALAR EL CONFLICTO DIPLOMÁTICO
En paralelo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, evitó escalar el conflicto diplomático y aseguró que la colaboración entre ambos países en materia de seguridad continuará.
El funcionario reiteró que la cooperación con Estados Unidos es indispensable para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y afirmó que los mecanismos de coordinación entre ambas naciones seguirán funcionando, independientemente de las diferencias que existan sobre este caso específico.
SRE VOLVIÓ A SOLICITAR AL GOBIERNO DE EU UNA EXPLICACIÓN
Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que volvió a solicitar formalmente al gobierno estadounidense una explicación detallada sobre las circunstancias en las que ocurrió la captura de Zambada.
El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, informó que México insistió en conocer si existió participación de agencias estadounidenses en territorio nacional y bajo qué condiciones se desarrolló el operativo.
La petición surge después de que el FBI notificó oficialmente el aseguramiento de la aeronave Beech King Air 200 utilizada por Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada para viajar desde Sinaloa hasta Nuevo México, aeronave que posteriormente fue donada al War Eagles Air Museum.
La revelación reavivó las dudas sobre la versión oficial sostenida durante casi dos años por las autoridades estadounidenses.
CSP CUSTIONA ACUERDOS CON INTEGRANTES DEL CRIMEN ORGANIZADO
Sheinbaum también aprovechó para cuestionar la política de Estados Unidos respecto a los acuerdos con integrantes del crimen organizado.
Recordó que Joaquín Guzmán López reconoció ante una corte estadounidense haber participado en el secuestro internacional de «El Mayo», luego de engañarlo para reunirse en una finca en las afueras de Culiacán, donde fue sometido, esposado y trasladado por la fuerza hasta la aeronave que finalmente aterrizó en territorio estadounidense.
Aunque el Departamento de Justicia sostiene que Guzmán López actuó por iniciativa propia con la expectativa de obtener beneficios judiciales y niega haber pactado previamente el secuestro, la presidenta planteó una interrogante política.
«¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada», afirmó.
Al ser cuestionada sobre las posibles consecuencias jurídicas en caso de comprobarse una participación directa del FBI en territorio mexicano, Sheinbaum evitó adelantar acciones y señaló que corresponderá a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores determinar los pasos legales.
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