WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos anunció ayer el inicio de una campaña internacional para limitar las operaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), impedir que investigue o procese a militares y funcionarios estadounidenses y presionar a otros países para que desconozcan su jurisdicción.
La estrategia será coordinada por distintas dependencias del gobierno estadounidense e incluirá acciones diplomáticas, sanciones económicas, restricciones de visado y un mayor escrutinio sobre las naciones que mantengan su respaldo a la Corte, informó el Departamento de Estado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la CPI representa una “amenaza intolerable” para la soberanía de Estados Unidos, debido a que pretende ejercer autoridad sobre ciudadanos estadounidenses pese a que Washington no reconoce su jurisdicción.
De acuerdo con el comunicado oficial, la campaña buscará impedir “sistemáticamente” que el tribunal pueda actuar contra integrantes de las Fuerzas Armadas, agentes de inteligencia, servidores públicos o cualquier ciudadano estadounidense que haya participado en operaciones relacionadas con la defensa de los intereses nacionales.
El Departamento de Estado señaló que la Corte abrió anteriormente investigaciones relacionadas con militares y agentes de inteligencia estadounidenses y acusó al organismo internacional de negarse a cerrar definitivamente esos expedientes.
La administración estadounidense considera que la CPI intenta colocarse por encima de los Estados nacionales y convertirse en una autoridad supranacional sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas.
Bajo esa posición, Washington advirtió que ninguna medida diplomática quedará descartada para frenar las actuaciones del tribunal.
Como parte de la ofensiva, Marco Rubio, el vicesecretario de Estado, embajadores y otros funcionarios de alto nivel realizarán llamadas y reuniones con gobiernos extranjeros para exponer lo que Estados Unidos califica como abusos de la Corte.
Los representantes estadounidenses también exhortarán a otros países a abandonar la CPI o, al menos, a rechazar expresamente cualquier intento del tribunal por detener, juzgar o encarcelar a funcionarios y militares de Estados Unidos.
La presión estará dirigida especialmente hacia los gobiernos que colaboran con las fuerzas de seguridad estadounidenses, participan en operaciones militares conjuntas o reciben protección, asistencia económica o respaldo estratégico de Washington.
El Departamento de Estado anticipó que las naciones que se nieguen a desconocer la autoridad de la Corte podrían ser sometidas a un mayor escrutinio, principalmente cuando dependan de programas de cooperación, ayuda financiera o apoyo en materia de seguridad proporcionado por Estados Unidos.
La campaña también buscará sumar a países que, como Estados Unidos, no reconocen la competencia de la CPI.
Washington pretende que esas naciones utilicen sus propias redes diplomáticas para promover acciones coordinadas contra el organismo internacional.
Entre las medidas consideradas se encuentran la revocación de visas y la prohibición de entrada a territorio estadounidense para integrantes de la Corte, además de un incremento de las sanciones contra funcionarios, organizaciones afiliadas y entidades que colaboren con sus investigaciones.
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