Los cerca de 250 agentes de inteligencia y seguridad de Estados Unidos acreditados en territorio nacional se encuentran sujetos a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y a la supervisión permanente del Gobierno de México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia matutina de ayer, la mandataria explicó que la presencia de esos funcionarios extranjeros no es discrecional, debido a que cada solicitud y cada perfil son revisados por un comité en el que participan las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad.
Una vez autorizados, agregó, los agentes deben limitarse a las actividades contempladas en su acreditación y entregar mensualmente un informe sobre las tareas, gestiones y contactos realizados en México.
“Hay alrededor de 250 agentes en México”, señaló Sheinbaum, quien sostuvo que la gran mayoría cumple con la Constitución y las leyes nacionales.
Precisó, sin embargo, que cualquier funcionario estadounidense que actúe sin informar a las autoridades mexicanas incurre en una irregularidad que deberá investigarse.
La Presidenta insistió en que la cooperación con Washington no significa que las agencias estadounidenses puedan realizar operativos, detener personas, ejecutar investigaciones por cuenta propia o aplicar leyes de Estados Unidos dentro del territorio mexicano.
Con ello, el gobierno federal busca establecer una división clara: México puede intercambiar información y recibir cooperación técnica, pero las decisiones, investigaciones y operaciones de seguridad corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas.
PERFILES REVISADOS POR MÉXICO
La presidenta Sheinbaum explicó que los agentes acreditados no ingresan libremente para desempeñar tareas de inteligencia.
Sus perfiles son analizados previamente y sus actividades quedan sujetas a los mecanismos de supervisión establecidos por el Estado mexicano.
La Embajada de Estados Unidos debe mantener informadas a las autoridades nacionales sobre su personal de seguridad e inteligencia, mientras que los agentes están obligados a reportar mensualmente las actividades que desarrollen ante dependencias federales, gobiernos estatales o autoridades municipales.
La Ley de Seguridad Nacional establece que solamente pueden efectuar tareas de enlace para el intercambio de información, de acuerdo con la acreditación expedida a su favor.
También les impide ejercer facultades reservadas a las autoridades nacionales o ejecutar leyes extranjeras en México.
La legislación prohíbe expresamente que los agentes extranjeros realicen o induzcan detenciones, privaciones de la libertad, allanamientos u otras conductas contrarias a la Constitución.
Además, únicamente pueden portar armas cuando exista una autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Estos controles, subrayó la mandataria, permiten mantener la colaboración bilateral sin ceder atribuciones que corresponden al Estado mexicano ni aceptar intervenciones contrarias a la soberanía nacional.
IRREGULARIDADES DETECTADAS EN CHIHUAHUA
Sheinbaum informó que el caso en el que se detectó la presencia de agentes estadounidenses sin conocimiento previo del Gobierno federal ocurrió en Chihuahua.
“La gran mayoría lo cumple; el problema es que sí hay agentes que no informan al Gobierno de México, y donde lo tenemos detectado fue en Chihuahua”, expresó.
La mandataria recordó que la participación de funcionarios extranjeros en actividades de seguridad debe pasar necesariamente por el Gobierno federal, particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad.
Ningún gobierno estatal, independientemente del partido político al que pertenezca, puede permitir la intervención de una agencia extranjera en operativos de seguridad sin informar y obtener la autorización correspondiente de las autoridades federales.
La doctora Sheinbaum Pardo dejó claro que México no acepta la participación directa de agentes extranjeros en operativos.
La colaboración puede incluir intercambio de inteligencia, información o utilización de equipos especializados, pero siempre a petición y bajo conducción del Gobierno mexicano.
SIN INMUNIDAD ANTE DELITOS
El marco jurídico nacional también establece que los agentes extranjeros no cuentan con inmunidad cuando cometen delitos, infracciones o ejercen funciones reservadas a las autoridades mexicanas.
Cuando alguno incumple sus obligaciones, el gobierno de México puede solicitar a la nación que lo acreditó que lo retire del territorio nacional.
El agente también puede quedar sujeto a las sanciones previstas por las leyes mexicanas.
La supervisión corresponde al gobierno federal, que debe vigilar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones legales y de los acuerdos bilaterales en materia de seguridad.
Sheinbaum descartó pedir la salida generalizada de los aproximadamente 250 agentes estadounidenses, porque la mayoría se encuentra acreditada y cumple con los procedimientos establecidos.
Una medida de esa naturaleza consideró, provocaría un conflicto innecesario con Washington.
No obstante, advirtió que mantener una buena relación no significa permanecer en silencio ante una irregularidad ni permitir acciones que afecten la soberanía.
“Hay que buscar coordinación sin agachar la cabeza”, afirmó la Presidenta al señalar que México continuará trabajando con Estados Unidos en asuntos como el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el combate a las organizaciones criminales, pero dentro de reglas claras y bajo el control de las instituciones mexicanas.
La posición del Gobierno federal concluyó, consiste en mantener una relación de cooperación, respeto y reciprocidad con Estados Unidos, sin confrontaciones innecesarias, pero tampoco con subordinación.
En territorio mexicano, recalcó Sheinbaum, la seguridad, las investigaciones y la aplicación de la ley son responsabilidad exclusiva del Estado mexicano.
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