La educación superior pública en México atraviesa una de sus etapas más complejas de los últimos años. Mientras la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una severa crisis de credibilidad por el polémico examen de admisión en línea de 2026, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) permanece inmerso en protestas estudiantiles por presuntos actos de corrupción, falta de recursos y deterioro institucional. Ambos casos exhiben problemas estructurales que van mucho más allá de conflictos aislados: reflejan un sistema incapaz de responder a la creciente demanda educativa y de garantizar condiciones de transparencia, equidad y calidad.
En la UNAM, aunque el número de estudiantes aceptados aumentó respecto al año pasado, la noticia quedó opacada por la controversia que rodea al nuevo proceso de selección. En el examen de admisión 2026 ingresaron 21 mil 962 jóvenes, es decir, 2 mil 408 más que en 2025. Sin embargo, el incremento en los lugares disponibles no evitó que el 86.17 por ciento de los 158 mil 712 aspirantes quedara fuera de la institución.
La aplicación, realizada por primera vez completamente en línea, elevó significativamente los puntajes necesarios para ingresar a prácticamente todas las carreras. En Medicina, por ejemplo, el mínimo pasó de 114 a 117 aciertos; Psicología subió de 107 a 112; Ciencias de la Comunicación aumentó de 98 a 109 puntos, mientras que otras licenciaturas del área de la salud también registraron incrementos históricos.
Miles de aspirantes consideran que el nuevo esquema resultó injusto. Muchos quedaron fuera por apenas uno o dos aciertos, cuando con los criterios utilizados en años anteriores habrían conseguido un lugar. Esa situación detonó protestas frente a Rectoría, donde los jóvenes exigieron la repetición presencial del examen y cuestionaron la confiabilidad de la prueba digital.
La polémica creció después de que la propia UNAM suspendiera temporalmente el proceso de inscripción para más de 50 mil estudiantes de nuevo ingreso, incluidos quienes obtuvieron su lugar mediante pase reglamentado, debido a irregularidades detectadas durante el proceso de admisión.
La incertidumbre afecta tanto a los aspirantes que aprobaron el examen como a quienes fueron rechazados. Mientras unos no pueden completar su inscripción, otros mantienen la exigencia de revisar los resultados y transparentar el procedimiento.
Ante la presión, el rector Leonardo Lomelí sostuvo que la Universidad no permitirá que el acceso sea alterado por algún tipo de ayuda externa y rechazó que exista la intención de repetir el examen, pese a los rumores difundidos en redes sociales.
La Comisión Técnica encargada de revisar el proceso informó que analizará toda la evidencia disponible y prometió emitir una recomendación antes del 2 de agosto para garantizar que el ingreso se apegue a principios de inclusión, equidad y ética universitaria.
Pero el problema trasciende la discusión sobre un examen. La realidad muestra una presión creciente sobre la capacidad de las universidades públicas para atender la demanda. Tan sólo en las carreras del área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud participaron más de 75 mil aspirantes, de los cuales únicamente 4 mil 243 obtuvieron un lugar. La enorme brecha entre la demanda y la oferta educativa mantiene año con año a decenas de miles de jóvenes fuera del sistema universitario.
EL IPN ENFRENTA UN CONFLICTO REVELADOR
Al mismo tiempo, el Instituto Politécnico Nacional enfrenta un conflicto distinto, pero igualmente revelador del deterioro que vive la educación superior pública.
Desde hace meses estudiantes mantienen paros, marchas, bloqueos y un plantón permanente para denunciar presuntas irregularidades financieras, falta de transparencia, insuficiencia presupuestal y abandono de la infraestructura académica.
Las protestas se concentran contra la administración del director general Arturo Reyes Sandoval, a quien diversos sectores estudiantiles responsabilizan de una gestión marcada por conflictos administrativos y presuntos malos manejos de recursos.
El movimiento exige auditorías externas, transparencia en el uso de donativos, destitución de funcionarios, mejores laboratorios, reposición de materiales caducados, mantenimiento de instalaciones y garantías para quienes participan en las movilizaciones.
TOMA DE INSTALACIONES DE CANAL ONCE
Uno de los episodios más visibles fue la toma de instalaciones de Canal Once por estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, quienes denunciaron públicamente que el Politécnico enfrenta una «crisis estructural» derivada del deterioro institucional y de la falta de inversión.
Mientras la dirección del IPN asegura que existen canales de diálogo y niega actos de corrupción, las movilizaciones continúan creciendo y ya involucran a diversas escuelas superiores, con nuevos paros y bloqueos que amenazan con afectar el desarrollo del ciclo escolar.
La coincidencia de ambas crisis coloca nuevamente bajo escrutinio el estado de la educación superior pública en México. Por un lado, una universidad que enfrenta cuestionamientos sobre la legitimidad de su proceso de ingreso; por el otro, una institución emblemática que lidia con denuncias de opacidad, deterioro y descontento estudiantil.
Ambos casos evidencian que el problema ya no se limita únicamente a la insuficiencia de espacios para los jóvenes, sino también a la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones, garantizar procesos transparentes y asegurar que las universidades públicas cuenten con los recursos necesarios para cumplir con su misión educativa. Sin soluciones de fondo, la crisis amenaza con profundizar el rezago educativo y aumentar la frustración de miles de estudiantes que ven cada vez más lejano el acceso a una educación superior de calidad.
Únete al canal de WHATSAPP DE EL INDEPENDIENTE, también a nuestro canal de TELEGRAM y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
