Un bloque de treinta organizaciones ambientales y comunitarias rechazó la evaluación gubernamental sobre la fracturación hidráulica y exigió una prohibición constitucional de la técnica en todo el territorio nacional; las agrupaciones argumentaron que el comité científico excluyó a las poblaciones afectadas, a los especialistas en epidemiología y a los defensores de derechos humanos, buscando únicamente justificar el uso del método en lugar de cuestionar su prohibición.
Asimismo, las ONG desestimaron los argumentos de que el agua salada, el reciclaje y los nuevos aditivos reducen los daños ecológicos; señalaron que estas alternativas continúan en una fase puramente experimental y carecen de evidencia científica sólida para prevenir la contaminación de los acuíferos, las fugas de metano y los sismos inducidos.
Los colectivos advirtieron sobre la falta de precisión en el manejo de residuos tóxicos y los graves peligros de inyectar aguas residuales en subsuelos vulnerables; recordaron que extraer una fracción mínima del gas no convencional requeriría miles de pozos y volúmenes masivos de agua dulce, poniendo en riesgo directo a millones de personas que ya habitan en regiones con graves condiciones de estrés hídrico.
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