Julieta del Río/ Proceso
La inteligencia artificial dejó de ser una promesa del futuro para convertirse en una fuerza que ya transforma nuestra vida pública, privada, política y social. Está en los algoritmos que determinan qué información consumimos, en las plataformas digitales que moldean la opinión pública y, cada vez más, en decisiones que antes pertenecían exclusivamente a los seres humanos.
Este lunes la presidenta de la República retomó el tema de los riesgos del uso de las redes sociales, los celulares y la inteligencia artificial, particularmente entre niñas, niños y adolescentes. Señaló que madres y padres deben conocer sus impactos para hablar con sus hijos y que el objetivo no debe ser simplemente prohibir, sino entender sus efectos.
Coincido. La discusión no puede reducirse a prohibir.
Pero tampoco se puede pretender controlar la manera en que cada familia convive o se comunica. Hoy los celulares y las tabletas son herramientas de comunicación, aprendizaje, investigación y acceso al conocimiento.
El problema aparece cuando la tecnología deja de ser una herramienta y comienza a sustituir la convivencia familiar, el descanso, el pensamiento crítico o el acompañamiento humano. Ahí entran la responsabilidad de madres y padres y la educación digital para enseñar a niñas, niños y adolescentes a utilizarla responsablemente, estableciendo tiempos y límites.
La propia presidenta puso un ejemplo: cuando las pantallas sustituyen las conversaciones familiares, los vínculos pueden debilitarse. Es una reflexión válida. Pero no se trata de decirles a las familias cómo deben convivir ni de que el Estado pretenda meterse hasta la cocina de los hogares.
Y ahí está uno de los grandes retos: no podemos controlar las mentes, pero sí podemos formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos.
La inteligencia artificial hace todavía más urgente esta discusión. La pregunta ya no es si cambiará al mundo. Ya lo está haciendo. La verdadera pregunta es cuánto poder estamos dispuestos a entregarle sin transparencia, límites claros y mecanismos eficaces para proteger nuestros derechos.
La IA ofrece oportunidades extraordinarias en medicina, educación, ciencia, productividad, investigación y combate a la corrupción. El análisis de grandes volúmenes de datos puede ayudar a detectar operaciones financieras irregulares y esquemas que antes resultaban difíciles de identificar.
Pero toda herramienta poderosa exige responsabilidad. El riesgo aparece cuando se utiliza sin regulación, supervisión, transparencia y contrapesos.
Los datos se han convertido en una de las materias primas más valiosas de nuestro tiempo. Cada búsqueda, fotografía, conversación, ubicación o interacción digital deja una huella. La inteligencia artificial multiplica la capacidad de analizar y utilizar esa información a una escala nunca vista.
Por eso la privacidad es hoy más vulnerable que nunca.
México enfrenta este debate en un momento especialmente delicado. Durante años, los organismos autónomos garantes de la transparencia y la protección de datos personales representaron contrapesos institucionales. No eran perfectos, pero tenían una función esencial: revisar y actuar frente a posibles abusos.
Tras su desaparición, la pregunta es inevitable: ¿quién vigila hoy el uso de nuestros datos? ¿Quién protege a los ciudadanos frente a decisiones automatizadas o cuando consideran vulnerados sus derechos?
No podemos hablar de inteligencia artificial sin hablar de transparencia. Tampoco de tecnología sin hablar de privacidad.
Y existe otro desafío: la verdad.
Una imagen puede modificarse, una voz puede clonarse y un video puede fabricarse artificialmente. Los llamados deepfakes pueden utilizarse para desinformar, manipular la opinión pública o destruir reputaciones. Es positivo que el gobierno quiera discutir una regulación frente a estos riesgos, pero debe predicar con el ejemplo. Se requiere transparencia y congruencia para tener legitimidad al momento de regular.
Nunca habíamos tenido tanta capacidad para producir información, pero tampoco había sido tan fácil falsificarla.
Por eso regular es necesario. Pero regular no significa censurar ni decidir qué pueden pensar, decir o conocer los ciudadanos. Debe significar establecer responsabilidades, exigir transparencia, proteger datos personales y garantizar mecanismos para defender nuestros derechos.
La responsabilidad tampoco puede recaer únicamente en las familias. Escuelas, plataformas tecnológicas y autoridades tienen tareas que cumplir.
Necesitamos educación digital, pero sobre todo pensamiento crítico. Que niñas, niños y jóvenes sepan qué es la inteligencia artificial, cómo funcionan los algoritmos, qué riesgos existen y cómo proteger su información.
No podemos detener el desarrollo tecnológico. Lo que sí podemos decidir es cómo utilizarlo.
No podemos controlar las mentes. Pero sí podemos formar ciudadanos libres, críticos y responsables, y construir instituciones capaces de vigilar que la tecnología esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología.
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