APRO.- “¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?” Esta es la pregunta con la que Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios mexicanos interpelan, este 26 de agosto, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades del país ante la persistencia de los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes. En el marco de una movilización inédita, medios nacionales y locales publican simultáneamente esta alerta, acompañada de una lista de los periodistas asesinados en México. La organización y todos los medios participantes exigen al Estado una respuesta acorde con una violencia que no puede convertirse en la norma.
Este 26 de agosto, medios de todo México interpelan a la Justicia y al gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta del país desde octubre de 2024, con una pregunta que exige una respuesta: ¿cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? Como telón de fondo del mensaje aparecen los nombres de los periodistas asesinados bajo la mirada de las autoridades del país, a un ritmo de uno por mes durante los primeros siete meses de 2026. En total, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la presidencia de Sheinbaum.
“México no puede acostumbrarse a contar a sus periodistas asesinados. Cada nombre en esta lista representa una deuda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Cada asesinato también genera miedo, alimenta el silencio, amenaza el periodismo y vulnera el derecho de millones de personas a estar informadas. El hecho de que medios de distintas regiones del país se unen hoy para publicar estos nombres envía un mensaje inequívoco a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las más altas autoridades del país: esta situación es insostenible desde hace demasiado tiempo. México necesita una respuesta política a la altura de la gravedad de esta violencia. No queremos tener que seguir agregando nuevos nombres a esta lista. Sin embargo, esta falla no es inevitable: también refleja que este problema no ha sido una prioridad política, y no lo ha sido durante demasiado tiempo. Debe convertirse en una de las prioridades de la Justicia y de las políticas de protección de los derechos humanos», afirma Artur Romeu, director de RSF América Latina.
Detrás de cada nombre hay una persona, una historia de vida, una familia y una voz silenciada. Y las consecuencias de esta violencia van mucho más allá de las víctimas directas. Cada periodista asesinado, amenazado o forzado a guardar silencio deja un vacío informativo. La violencia instala el miedo, alimenta la autocensura, debilita al periodismo local y priva a comunidades enteras de información de interés público.
La interpelación al Estado mexicano, publicada conjuntamente por medios de distintas regiones del país, no es solamente una pregunta y un recuento de las víctimas. También es una advertencia contra la normalización de una violencia que se ha vuelto estructural y evidencia la persistente incapacidad de los sucesivos gobiernos para contenerla.
Estos crímenes, atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado, continúan impunes hasta el día de hoy.
POR UN PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA
Al inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum asumió compromisos destinados a fortalecer la protección de los periodistas y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio libre y seguro del periodismo. Ante la continuidad de los asesinatos, estos compromisos deben traducirse ahora, con carácter urgente, en acciones concretas.
RSF LLAMA AL GOBIERNO MEXICANO A:
- Poner en marcha una respuesta nacional de emergencia frente a la violencia contra periodistas, movilizando de manera coordinada a los distintos niveles del Estado: autoridades federales y estatales, fiscalías y el Poder Judicial;
- Garantizar medidas rápidas y eficaces frente a las situaciones de riesgo, fortalecer las investigaciones sobre los crímenes cometidos contra periodistas y combatir la impunidad, identificando y sancionando tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron los asesinatos;
- Establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan identificar las deficiencias en materia de prevención, protección e investigación, corregirlas y evitar que vuelvan a repetirse.
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