Madres buscadoras, familiares de desaparecidos y colectivos de distintas regiones del país tomaron ayer domingo calles, plazas y monumentos para lanzar una misma exigencia: que el Estado mexicano deje de administrar expedientes y comience a encontrar a las más de 132 mil 800 personas que permanecen desaparecidas o no localizadas.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las protestas se extendieron por la Ciudad de México, Culiacán, Los Mochis, Puebla, Veracruz, León, Chihuahua, Morelia y Cancún, entre otras ciudades, donde fotografías, fichas de búsqueda y mantas volvieron a exhibir una crisis que no cede.
El reclamo fue directo. Las familias denunciaron que, en numerosos casos, son ellas mismas las que investigan, recorren brechas, montes, terrenos abandonados, barrancas y fosas clandestinas, mientras las autoridades acumulan carpetas, registros y protocolos sin resultados suficientes.
En la capital del país hubo concentraciones en el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las y los Desaparecidos y el Centro Histórico. Los rostros de hombres, mujeres y jóvenes ausentes ocuparon nuevamente el espacio público bajo una consigna que se repitió en distintos puntos del país: no son cifras, son personas que siguen siendo buscadas.
La jornada estuvo marcada además por el ataque armado contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, ocurrido un día antes en Culiacán.
Rojo Medina y una de sus hijas fueron baleadas en la capital sinaloense. Ambas sobrevivieron y fueron reportadas estables, mientras la Fiscalía estatal abrió una investigación por feminicidio en grado de tentativa.
El atentado encendió las alertas entre los colectivos, que exigieron esclarecer si la agresión estuvo relacionada con la labor de búsqueda de Alma Rosa y demandaron protección efectiva para ella, su familia y demás integrantes de organizaciones que recorren zonas de riesgo.
En Culiacán, las marchas incorporaron expresamente el caso de la activista a sus exigencias. Para las madres buscadoras, la agresión confirma que no sólo enfrentan la incertidumbre de tener un familiar desaparecido, sino también amenazas, hostigamientos y violencia por realizar una tarea que, sostienen, corresponde a las instituciones.
En León, Guanajuato, familiares marcharon bajo una frase que sintetizó el sentimiento de la jornada: “Si no los busco yo, no los busca nadie”.
En Puebla, las familias insistieron en que no quieren nuevos expedientes ni estadísticas, sino saber dónde están sus hijos. En Veracruz denunciaron investigaciones estancadas durante años, mientras que en Morelia acusaron falta de personal para realizar búsquedas y dar seguimiento a los casos.
En Chihuahua, buscadoras se manifestaron frente a Palacio de Gobierno y condenaron el atentado contra Alma Rosa Rojo. En Cancún, fotografías de desaparecidos fueron desplegadas en espacios públicos para exigir respuestas ante el aumento de casos.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por decenas de colectivos, reclamó que las instituciones pasen de la administración de la crisis a resultados concretos.
Las familias demandaron búsqueda inmediata, investigación de las desapariciones, identificación científica de cuerpos y restos humanos, castigo a los responsables y participación directa de los colectivos en las políticas públicas.
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