Organizaciones de migrantes mexicanos radicados en Chicago, Illinois, expresaron su rechazo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al considerar que la iniciativa vulnera los derechos políticos de quienes, pese a vivir en el extranjero, mantienen vínculos económicos, familiares y políticos con el país.
La inconformidad surgió luego de que la presidenta Sheinbaum Pardo adelantara en una de sus conferencias matutinas, que plantearía una reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a esos cargos de elección popular deberán renunciar a una de sus ciudadanías y conservar únicamente la nacionalidad mexicana para poder participar en los procesos electorales.
La propuesta ha provocado una reacción particularmente fuerte entre organizaciones de guerrerenses en Estados Unidos, quienes advierten que una medida de este tipo podría excluir de la vida pública a miles de mexicanos que adquirieron otra nacionalidad sin dejar de considerarse parte de sus comunidades de origen.
“SEÑORA PRESIDENTA, NI SE ATREVA A TOCAR ESE TEMA”,
Erasmo Salgado, coordinador de los Clubes Unidos Guerrerenses en el Medio Oeste de Estados Unidos, lanzó una dura advertencia a la mandataria federal y cuestionó que Morena impulse una reforma que, desde su perspectiva, afectaría directamente a la comunidad migrante.
“Señora presidenta, ni se atreva a tocar ese tema”, manifestó, al señalar que los migrantes guerrerenses ya han sufrido, según dijo, una reducción de espacios de representación y atención institucional.
Salgado afirmó que en Guerrero desapareció la diputación migrante y que también dejó de existir, en los términos que anteriormente conocían, la Secretaría de Atención a Migrantes, además de que fueron eliminadas dos oficinas de representación en Estados Unidos, una en California y otra en Chicago.
A ello sumó las críticas a los programas sociales destinados a los mexicanos residentes en el exterior, que calificó como una “caricatura” de lo que fueron durante administraciones anteriores.
El dirigente migrante consideró que ahora se pretende dar un nuevo golpe al colectivo al impedir que una persona con doble nacionalidad pueda competir por la gubernatura de Guerrero.
“Ahora pretenden que no tengamos candidato a gobernador solo por tener doble nacionalidad”, cuestionó.
La molestia también se trasladó al terreno electoral. Salgado rechazó versiones de militantes de Morena que han señalado que su organización estaría apoyando en sus actividades a Estela Damián, a quien identificó como una posible candidata al gobierno de Guerrero.
“No la conocemos ni sabemos de su propuesta para nuestra atención”, sostuvo.
Ante ello, anunció que diversas organizaciones de guerrerenses en Chicago analizarán su participación política y planteó un boicot electoral contra Morena y su eventual candidato o candidata a la gubernatura, hasta conocer las propuestas que tengan para los mexicanos que viven fuera del país.
La postura fue respaldada por Rubén Salgado, presidente de la Federación de Guerrerenses en Chicago, quien señaló que dentro de Morena existe preocupación por el peso político que puede alcanzar Pedro Segura, quien anteriormente contendió por la gubernatura de Guerrero.
Salgado cuestionó que primero se haya procesado y encarcelado a Segura por acusaciones de las que posteriormente fue absuelto y que ahora se pretenda limitar su participación política por contar con doble nacionalidad.
La discusión, por ello, no se limita a la posibilidad de que un candidato con doble nacionalidad pueda competir por una gubernatura. Para las organizaciones migrantes, está en juego el reconocimiento de los derechos políticos de una población que aporta recursos económicos a sus comunidades de origen y que busca también tener voz en las decisiones públicas.
La propuesta de Sheinbaum deberá pasar por el Congreso para avanzar en una eventual reforma constitucional, por lo que el debate podría intensificarse en las próximas semanas, particularmente entre legisladores y organizaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos.
Mientras la presidenta sostiene que se trata de establecer requisitos para quienes aspiren a ocupar los principales cargos públicos del país, los colectivos migrantes advierten que la medida puede convertirse en una barrera para su participación política.
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